Los grupos Popular y Socialista se emplazaron ayer a mejorar el proyecto de ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, después de que la mayoría popular tumbara en el pleno de las Cortes la enmienda a la totalidad del principal grupo de la oposición, mientras que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que también tendió la mano para el acuerdo, cifró en 280 millones de euros el ahorro con las 65 acciones puestas en marcha más las que contempla la nueva normativa.

 

El socialista José Francisco Martín dudó del ahorro ofrecido por el consejero, durante la presentación y debate de la enmienda a la totalidad, que sí contó con el respaldo de los dos parlamentarios del Grupo Mixto (IU y UPL), y recordó que la Consejería de Hacienda señala en su informe que «desconoce la repercusión económica de las medidas y no se cuantifica el ahorro», aspecto que reconoció después el popular Salvador Cruz, si bien confió en el dato y subrayó que habrá ese ahorro.

 

Martín, que miró al descenso en 3.000 empleados públicos en la Administración autonómica, rebatió que con esta normativa, que tildó de «ley saco», se avance en la austeridad y la simplificación y, por el contrario, sostuvo que la norma «está jalonada de opacidad» y abre la puerta a la privatización de servicios. «El proyecto va contra los intereses públicos, la independencia y profesionalidad de los trabajadores públicos y de la transparencia. Se trata de un proyecto que no supondrá en ningún caso ningún ahorro económico para la Comunidad ni una mejora en la gestión de los intereses públicos», denunció en la presentación de la enmienda a la totalidad.

 

«Afán reformista». Por su parte, Salvador Cruz enmarcó la ley en el «afán reformista» del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera. «Veamos rápidamente las propuestas para mejorar el proyecto, sé que no va a ser así, pero a nosotros nos tendrán ahí», concluyó Martín. «Siempre hemos tendido la mano al acuerdo, aunque a día de hoy no son fiables, aun así volvemos a tender la mano para mejorar la ley», cerró Cruz. «Estamos abiertos a todas las propuestas», afirmó antes De Santiago-Juárez.

 

El procurador de IU, José María González, respaldó la enmienda a la totalidad por entender que el texto presentado por la Junta lejos de ser una «regeneración democrática» y vanzar en la transparencia supone una «contrarreform ay una degeneración democrática». 

 

«Una Administración moderna debe adaptarse a las nuevas necesidades, debe suprimir la excesiva burocracia», defendió De Santiago-Juárez durante la presentación del proyecto, convencido de que se refuerza el papel de los empleados públicos. «Confiamos en su saber hacer para culminar este proceso con éxito», afirmó. «Estamos abiertos a todas las propuesta», ofreció a la oposición, para advertir de que «la falta de alternativas es una muestra de inmovilismo, que lleva al estancamiento y la inoperancia». «Y eso, estoy seguro, ninguno lo queremos para la Administración de nuestra Comunidad», concluyó.

 

La normativa, que modifica 44 leyes, no es una novedad para los grupos que fueron informados, también de que se pediría su trámite de urgencia.