La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha anunciado una reunión a finales de esta semana o principios de la siguiente con los "máximos mandos" de la Guardia Civil para analizar la situación del Instituto armado en Valladolid y tomar medidas, para las que se trabaja en una propuesta de organización. Barcones, en una rueda de prensa tras la firma de un convenio entre Seiasa y los regantes del Canal de Pollos para modernización de regadíos, ha anunciado esta reunión después de que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denunciara públicamente el cese del equipo de policía judicial de Laguna de Duero.
Esto se produce semanas después de una instrucción para el cierre a la atención al público, durante cuatro días a la semana, de cuarteles de la Guardia Civil que la propia Barcones pidió al jefe de la XII Zona, Clemente García Barrios, que revisara. Ante estas dos situaciones, la delegada del Gobierno en Castilla y León ha asegurado que la subdelegada, Helena Caballero, trabaja para ver cuál es la situación y elaborar propuestas de organización en relación al cierre de cuarteles de cara a esta reunión que mantendrán con "máximos mandos" de la Guardia Civil.
Asimismo, ha afirmado que se abordará la destitución del equipo de policía judicial de la Guardia Civil en Laguna de Duero, que hasta ahora se hacía cargo del servicio en el partido judicial de Valladolid capital y de la mitad del de Medina de Rioseco, dado que cuando se tienen reuniones "al máximo nivel" se hace un "repaso completo" a la situación en la provincia. La destitución de este equipo la hizo pública la AUGC, que explicó que la justificación de esta medida adoptada por el teniente coronel y jefe de Operaciones de la Comandancia se ha justificado por razones de falta de rendimiento policial y la inexistencia desde 2016 de investigaciones u operaciones en curso por parte de los integrantes de este equipo.
RECURSO. La medida afecta directamente a los tres agentes titulados y uno sin titulación específica que prestaban hasta este lunes dicho servicio de policía judicial --el catálogo del equipo está integrado por cinco puestos, de ellos uno vacante sin cubrir, otro en excedencia y otro de baja por enfermedad-- en tareas de inspecciones técnicas oculares, levantamiento de cadáveres, comisiones judiciales, reseñas de detenidos, custodia de muestras, etcétera. Se trata de profesionales titulados con más de 35 años de experiencia que con su criticado cese, del que se ha librado la jefa de la unidad, una cabo en excedencia, "pierden su destino y se convierten en desterrados", ha criticado la AUGC, pues tendrán que optar a otras plazas vacantes en la provincia, para las que contarán con prioridad, pero que no podrán ocupar hasta que las mismas sean convocadas.
Los afectados ya han anunciado su intención de recurrir por vía interna y, en caso de respuesta negativa, acudir a la vía de lo contencioso-administrativa para reclamar sus puestos de trabajo, reivindicación en la que se encuentran apoyados por la AUGC. Los responsables de la asociación han advertido de que si la verdadera razón es la ausencia de investigaciones u operaciones en curso desde 2016, quien tendría que ser cesado es el capitán de la policía judicial, ya que han recordado que el Plan de Actuación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial establece que, dentro de las funciones de los equipos, las investigaciones las encomienda el capitán de la unidad orgánica. Además, han alertado de que el cese del equipo de policía judicial de Laguna supone de facto que en estos momentos "no hay equipo para realizar inspecciones oculares ante hechos delictivos contra el patrimonio y la vida en el alfoz de Valladolid".
Al mismo tiempo, la AUGC se expresa su preocupación ante la "deriva" de la Comandancia de Valladolid como consecuencia de esta última decisión y las anteriores como el anunciado cierre durante cuatro de los cinco días laborables de la semana del Servicio de Atención al público en varios cuarteles.