Se esperaba mucho de la intervención del presidente ayer en el pleno del Congreso, dedicado exclusivamente a hablar sobre la corrupción y las medidas que iba a proponer su Gabinete para, si no acabar con ella, sí limitar su propagación e incidencia en la sociedad española. Y lo cierto es que no hubo sorpresas, ya que se limitó a enumerar las medidas ya presentadas y aprobadas por el Consejo de Ministros en febrero, e incluso se excusó en que «nadie puede garantizar que la corrupción desaparezca de este planeta porque nadie está en condiciones de eliminar el egoísmo, la mezquindad o la codicia, ya que forman parte de nuestra propia naturaleza».
Rajoy quiso defender la salud del sistema democrático y la honorabilidad de la clase política antes de entrar en detalle en sus propuestas. Así, quiso dejar claro que «España no está corrompida», queriendo implantar en la cabeza de los ciudadanos la idea de que «la mayoría de nuestros representantes políticos son personas decentes» frente a la «dieta cotidiana» que los españoles consumen a diario, y de la que quiso responsabilizar a los medios.
De lo contrario, dijo, estaríamos luchando contra «el fantasma de la corrupción generalizada». Una idea con la que, de ser cierta, ésta sería «invencible» y daría paso a los que denominó «los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas», manifestó, en clara alusión a Podemos.
También se afanó el líder del PP en defender la gestión de su Ejecutivo desde el comienzo de la legislatura en esta materia, que resumió así: «Hoy es ya más difícil corromperse en España que antes de que nos confiaran el Gobierno». A partir de aquí, pasó a relatar las iniciativas que incorporaba su programa de lucha frente al lucro de los políticos basado en tres pilares: la financiación de los partidos, la regulación de la actividad de los altos cargos y las medidas penales y procesales.
Entre las más destacadas, figuran la limitación de donaciones a partidos a 50.000 euros anuales, cuando el tope se halla en los 100.000, y que toda donación superior a los 25.000 se notificará al Tribunal de Cuentas. Además, se obliga a los grupos a renovar sus órganos de dirección cada cuatro años, coincidiendo con el ciclo electoral, manteniendo la participación democrática de los militantes con congresos, asambleas u otras fórmulas de participación.
Asimismo, en el capítulo de la actividad financiera de las formaciones, las inscritas en el registro del Interior -4.200- rendirán sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas anualmente.
PRESCRIPCIÓN DE DELITOS. Entre las medidas más llamativas se halla la que fija el aumento de los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción que, en los más graves, que prevén la pena de inhabilitación, pasarán de 10 a 15 años de vigencia, o la consideración de delito específico la financiación ilegal de partidos.
Rajoy tuvo enfrente a un duro Pedro Sánchez, que se negó desde el minuto uno a dar credibilidad a sus palabras. Desde las filas socialistas se planteó elevar de dos a cinco años el período de incompatibilidad tras el cese de los altos cargos en aquellos supuestos en que éste preste servicio a empresas del sector cuyo ámbito de actividad sea el propio de sus funciones como alto cargo, y en el que no se tuviese experiencia previa con anterioridad a su nombramiento como tal. También se insistió en que la Oficina de Conflicto de Intereses dependa de la Presidencia del Gobierno, y no de Hacienda, como hasta ahora.