El «gran proyecto reformista» para los próximos cuatro años en materia laboral fue esbozado ayer por los ministros de Economía y de Empleo, Luis de Guindos y Fátima Báñez, respectivamente, que defendieron que los ajustes que el Consejo de Ministros espera aprobar el próximo viernes 10 de febrero tendrán como principales objetivos frenar «a corto plazo» la destrucción de empleo y el fraude, generar trabajo estable y la introducción de mecanismos efectivos de flexibilidad interna.

A pesar del reto de no incrementar el paro, la titular de la cartera de ese ámbito admitió que «difícilmente» España podrá crear puestos de trabajo este año, al tiempo que acusó al Partido Socialista de dejar un país «dramático», con una economía que vuelve a caer y un número de parados que supera los cinco millones.

Sin embargo, esos malos datos no influirán, según Báñez, en la intención del Gobierno de que «no exista un contrato único en la reforma laboral, porque es inconstitucional», ya que en la nación el despido es causal y, porque, también, lo impiden los compromisos del Estado con la normativa y la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, así como con lo que dicta la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

En la misma línea de buscar soluciones al desempleo, la popular fue preguntada por los mini-jobs, cuestión a la que aseguró que se opone porque, según subrayó, un joven no puede trabajar una jornada completa «por 400 euros». Por ello, mostró la disposición a que la juventud tenga «contratos de varias horas de forma estable pero con sueldos razonables».

Otro asunto importante de la primera comparecencia de Fátima Báñez en el Congreso fue el relativo al final de la vida laboral de un trabajador. La reforma que el Ejecutivo quiere sacar adelante el viernes contempla la posibilidad de «compatibilizar el cobro de una pensión y la continuación en el mercado laboral» para quien lo desee. Además, Báñez avanzó la intención del Gobierno de limitar las prejubilaciones a «circunstancias muy excepcionales», así como de acercar la edad de jubilación a la edad legal.

 La titular de Empleo también defendió que «el camino hacia un sistema sostenible requiere promover que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones realizadas» a lo largo de la vida laboral. Asimismo, confirmó que el Gobierno tratará de frenar el uso que se hace de la prestación por desempleo como mecanismo de acceso «encubierto» a la jubilación.

 Sobre la reforma laboral que se aprobará esta semana también se pronunció ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que aseguró que se centrará en la negociación colectiva, en simplificar contratos y en incentivar políticas activas y pasivas que ayuden a los ciudadanos a encontrar empleo.

«Básicamente (la reforma) se centrará en que España vuelva a contratar», aseveró el popular, tras recordar que «todo» tiene que estar al servicio de la creación de empleo en este momento.

Afectados por la crisis. El anuncio más destacado de su comparecencia beneficia al pequeño comercio, uno de los sectores «más afectados» por la crisis, según puntualizó el propio dirigente. De Guindos aseguró que promoverá una ley para simplificar las licencias de apertura de este tipo de empresas, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas.

El político precisó que la nueva normativa no rebajará los requisitos que se exigen a la hora de abrir un negocio, sino que simplemente retrasará la presentación de la documentación necesaria a la administración para facilitar la inversión. «No se merma ninguna función de ayuntamientos o Comunidades Autónomas en cuanto al régimen de aperturas», matizó el político.

A estas medidas, añadió la puesta en marcha de «exigente plan» de lucha contra el fraude en el cobro de prestaciones por desempleo y bonificaciones que introducirá medidas de control.