La Mesa del Congreso, con los votos de PP y Cs, frenó ayer en seco la argucia legal del PSOE para sortear el veto del Senado y despejar así el camino de los Presupuestos para 2019. Un nuevo episodio en esta batalla político-jurídica que puede acabar en el Constitucional, y que dejó acusaciones cruzadas entre los diferentes grupos, de tal manera que el PP considera que la actuación de la Mesa se ajusta al reglamento mientras que los socialistas hablaban de «decisión arbitraria y contraria a la legalidad». La propia jefa de la Cámara Baja, Ana Pastor, compareció en rueda de prensa para explicar la decisión, argumentar que se ha actuado dentro de sus prerrogativas y retar a cambiar el Reglamento al que lo desee.
En concreto, la decisión de este organismo, tras tres horas de tensa discusión, consistió en excluir la enmienda de Ferraz a una ley de medidas contra la violencia machista con la que pretendía reformar otra ley orgánica que nada tiene que ver con esa como es la ley de estabilidad presupuestaria. Un atajo legal con el que Sánchez pretende eliminar la capacidad del Senado -controlado por la mayoría absoluta del PP- para vetar la senda de estabilidad, el techo de gasto y los objetivos de deuda y déficit públicos. Lo necesita para sacar adelante unas Cuentas que prevén un relajación del cumplimiento del déficit y un mayor gasto público, en concreto 6.000 millones más que en el último ejercicio.
Pero Casado y Rivera no están por la labor de permitirlo. Así, usaron su mayoría -cinco de los nueve votos- para frenar los planes del Gobierno. Pastor, en primer lugar, recordó que la misma enmienda sigue otro trámite parlamentaria a través de la Reforma de la ley de estabilidad emprendida por el PSOE. A su juicio, sería un hecho «inédito» que el Congreso tramite dos textos con un contenido «idéntico», lo que podría producir una situación de «inseguridad jurídica», ya que cada uno de los trámites podría tener resultados diferentes e incluso «contradictorios».
Además, la jurisprudencia del Constitucional establece, dijo, que la Mesa tiene competencia para «garantizar la necesaria homogeneidad y congruencia» de las enmiendas con el texto al que se presentan, cosa que no ocurre en este caso. Y es que, añadió, «es claro que no había conexión» entre la enmienda para retirarle el veto al Senado y la violencia machista.
Desde Génova, su secretario general, Teodoro García Egea, señaló que la Mesa interpretó «justamente» el Reglamento, «de forma objetiva y adecuada» al impedir que Sánchez siga avanzando en «esta línea totalitaria» que supone ignorar a una de las dos Cámaras que representan a la soberanía nacional. Por eso, espera que «reflexione». En todo caso, el PP prefiere «que el enfado sea de él y del PSOE a que sea de los millones de españoles a los que el Gobierno quiere subirle los impuestos» para compensar el aumento de gasto que prevén los Presupuestos de 2019.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, el liberal Ignacio Prendes, afirmó que desde el punto de vista jurídico, la situación estaba «clara», por lo que en su partido no podía «mirar para otro lado y permitir un fraude de ley».