Han pasado dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, que ha provocado numerosas y multitudinarias manifestaciones en todo el país reclamando una actuación del Gobierno mexicano contra el crimen organizado. Por ello, y aunque se ha hecho esperar, el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, anunció ayer que su Ejecutivo promoverá la aprobación de una ley integral contra el crimen organizado, centrada en evitar su infiltración en la política local, y, como primera medida, propuso eliminar las policías municipales, infestadas por la corrupción.

En un mensaje dirigido a la nación, Peña Nieto adelantó que el próximo lunes enviará al Congreso una normativa contra la corrupción con el objetivo de reforzar la autoridad estatal y federal para evitar más casos como el de Iguala. El mandatario apuntó, como medida fundamental, la supresión de los 1.800 Cuerpos de Seguridad locales, en los que la infiltración del crimen organizado es más fácil, que pasarán a integrarse en una única Policía estatal, concretamente a 32 sólidas corporaciones que sean más confiables, profesionales y eficaces. Estarán homologadas en sus niveles de profesionalización y equipamiento», subrayó. 

Asimismo, señaló que, cuando haya indicios de connivencia entre los criminales y las autoridades municipales, el Gobierno federal podrá disolver el Ayuntamiento y asumir temporalmente las competencias locales. El dirigente avanzó que se redefinirán las competencias en materia penal para que ninguno de los niveles de Gobierno tenga «excusas» para no investigar una denuncia, según detalló.

Por otro lado, las autoridades mexicanas encontraron los cadáveres, decapitados y semicalcinados, de 11 jóvenes en una zona rural del municipio de Chilapa, ubicado en el estado de Guerrero, muy cerca de Iguala. 

Las víctimas son hombres de entre 20 y 25 años con disparos, por lo que no se descarta que puedan pertenecer a alguno de los estudiantes desaparecidos.