«Si desobedecer es dar voz a los ciudadanos; si desobedecer es haber facilitado la expresión de la democracia, entonces he desobedecido». Así reconocía, o justificaba, ayer la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña haber llevado a cabo la deslavada consulta del 9-N en Cataluña por la que el pasado viernes la Fiscalía presentó una querella contra ella, el presidente regional, Artur Mas, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
La querella les atribuye presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, usurpación de atribuciones judiciales y desobediencia. «En un Estado democrático, dudo que facilitar que los ciudadanos se puedan expresar sea un delito, y dudo que sea desobedecer ninguna ley», aseveró Ortega respecto a las decisiones que se han ido tomando desde el Gobierno para frenar el referéndum catalán por ser anticonstitucional.
Ahora la pelota está en el tejado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a la que corresponde la admisión o no a trámite de la querella interpuesta por el Ministerio Público y las diferentes fuerzas políticas ya se van posicionando en caso de que esta medida prospere. Así, el expresidente de la Generalitat y senador socialista, José Montilla, consideró ayer que la querella presentada por la Fiscalía contra Mas no prosperará, pero remarcó que, si lo hace, su defensa puede contar con él.
Esta postura responde, según el socialista, a que se está ante un problema político y como tal se debe solucionar dialogando y pactando, y lamentó la «predisposición nula» al diálogo por parte del Gobierno central.
Este punto de vista, llevó a la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas a considerar que el PSC y el Govern tienen «un pacto no escrito para salvar las elecciones» tras no votar comparecencias en la comisión del fraude en el Parlament, y reprochó la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de blindar el sistema educativo catalán en la reforma de la Carta Magna que pretende hacer.
«PSC y PSOE siguen el marco mental del nacionalismo, dando apoyo a los que quieren levantar fronteras entre Cataluña y el resto de España».
Más dura aún fue la presidenta del PP regional, Alicia Sánchez-Camacho, quien criticó a quienes se opusieron a la presentación de la querella por querer que la justicia mire hacia otro lado en este asunto, asegurando que «nadie se puede saltar las leyes ni las resoluciones del Tribunal Constitucional».
La popular afirmó que en relación con el proceso soberanista «se han hecho las cosas bien y el Estado democrático de derecho ha funcionado, así como sus tres pilares, como son el Congreso, el Gobierno y la justicia» y añadió que «la justicia también ha funcionado porque ha dicho que nadie puede saltarse las leyes».
La antítesis a esta teoría la firmó el coordinador general de CDC, Josep Rull, quien argumentó que: «Ayer (por el viernes) fue un día de vergüenza democrática y el día en que empezamos a construir el último tramo hacia la independencia, ya que cada vez hay más catalanes que quieren irse de un Estado que utiliza más la vía judicial que la política», aseveró en un acto con seguidores de su formación en la provincia de Barcelona.