El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid tomará declaración el próximo mes de marzo de 2015 a medio centenar de trabajadores del Centro de Mantenimiento, en el marco de las investigaciones que se siguen sobre la supuesta trama de adjudicaciones de obras y servicios por importe de 11,2 millones de las que fueron beneficiarias empresas afines al entonces máximo responsable de este departamento, Luis Alberto Samaniego, según informaron fuentes jurídicas.
En su providencia, la juez instructora, de conformidad con la petición de la Fiscalía, cita a declarar en calidad de testigos a todos los trabajadores del Centro de Mantenimiento desde el año 2000, en concreto un total de cuarenta y siete, de forma que los interrogatorios se iniciarán el día 3 de marzo y continuarán los días 4, 5, 6, 10, 12, 17, 19, 25 y 26, a una media de cinco testigos por día, a excepción del antepenúltimo y último de los días fijados, en los que se tomará declaración a seis empleados.
Falta por determinar la fecha de las declaraciones, éstos en calidad de imputados, del secretario municipal, Valentín Merino; la directora del Área de Patrimonio, Ana Pague, y del Interventor Municipal, Rafael Salgado, cuyos interrogatorios previstos para noviembre en calidad de testigos fueron suspendidos sorpresivamente por la juez ante la posibilidad de que sus respuestas pudieran incriminarles y con el propósito por tanto de que comparezcan asistidos de abogado para que cuenten con las máximas «garantías de sus derechos».
Tampoco hay fecha aún para las comparecencias del director del Área de Seguridad y Movilidad, Francisco Javier Rodríguez Bustos; el exsuperintendente jefe de la Policía Municipal y hoy director de Seguridad, Juan López de Haro, y el concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, cuyos nombres fueron incluidos en la lista que el Ayuntamiento aportó a la juez como responsables del Área de Mantenimiento en la que, presuntamente, se cometieron las investigaciones objeto de la presente investigación.
Hasta la fecha, han declarado ya como imputados el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, así como su hijo, Luis Javier; un primo del primero de ambos, Antonio Bernardo Samaniego, y Miguel Ángel Rodríguez Patín, contable del grupo de empresas familiares supuestamente beneficiadas por la adjudicación de obras y servicios municipales.