El Partido Popular reacciona ante la exigencia de la calle y plantea un conjunto de medidas profundas en busca de «la regeneración, la austeridad y la lucha contra la corrupción». La reducción del número de parlamentarios, la limitación del mandato de los presidentes de la Junta y de las Cortes, así como de los procuradores y su aforamiento son algunas de las iniciativas «ambiciosas, realistas y coherentes» que anunció ayer el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo.
Los populares pretenden debatir y aprobar una propuesta de resolución en el próximo pleno de las Cortes, que se celebrará la semana que viene, con el objetivo de iniciar cuanto antes los contactos con el resto de los grupos políticos para obtener el máximo consenso que permita la reforma del Estatuto y del reglamento de las Cortes de la forma más rápida posible. Asimismo, la iniciativa incluye medidas destinadas a la Junta para incrementar la participación ciudadana y la transparencia de la administración, así como al Gobierno de la nación para mejorar la financiación de los partidos políticos, luchar contra la corrupción y exigir un control parlamentario del indulto.
«No cabe el inmovilismo». Estas palabras pronunciadas por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el último debate sobre el estado de la Comunidad (celebrado el pasado mes de junio) le sirvieron ayer a Fernández Carriedo como argumento para plantear un conjunto de medidas que ayuden a «profundizar en la regeneración, la austeridad y la lucha contra la corrupción». Con todas ellas, el objetivo del PP es «garantizar una mayor transparencia, un mejor y más exhaustivo control de la gestión pública, un reforzamiento en la exigencia de responsabilidades ante comportamientos inadecuados y la búsqueda de una mayor participación de nuestros ciudadanos».
«Hay que reaccionar y avanzar haca una mayor calidad democrática para evitar situaciones de riesgo de ruptura del sistema actual de democracia representativa», asegura Carriedo.
Trabajos. De esta forma, el portavoz popular explica que los grupos parlamentarios iniciarán de manera inmediata, una vez que se apruebe la propuesta, los trabajos para estudiar una futura reforma estatutaria que valore la oportunidad de contemplar, entre otras medidas, la reducción del número de procuradores de las Cortes, la limitación a nueve de las consejerías de la Junta, una regulación específica del papel de las corporaciones locales, una limitación de mandatos para la presidencia de la Junta y de las Cortes, así como para el cargo de procurador, lo mismo que el aforamiento de éstos últimos.
Asimismo, la propuesta incluye medidas sociales, que serían garantizadas por su incorporación al Estatuto, como por ejemplo el establecimiento de un mínimo de gasto social (medida solicitada en varias ocasiones por los grupos de la oposición) o la previsión de una red de protección a las personas y familias más vulnerables.
Otras de las iniciativas que propugna el grupo mayoritario de la Cámara (cuenta con 53 procuradores de 84) es una reforma del Reglamento de las Cortes mediante una proposición de ley que incluya una reducción del número de procuradores con dedicación exclusiva (actualmente puede haber hasta 20, aunque hay dos vacantes no utilizadas por el PP), la ampliación del calendario parlamentario a enero y julio, quedando sólo agosto como mes inhábil, o la incorporación de un turno de palabra abierto a los procuradores a titulo individual en los grandes debates, como el presupuestario o el de política general.
Igualmente, la propuesta incluye la obligación para todos los procuradores de formular ante notario, al inicio y final de su mandato, declaración de la situación patrimonial. Se continuará presentando anualmente copia de las declaraciones de IRPF y de Patrimonio.
Fernández Carriedo remarcó que en Castilla y León «siempre» se ha alcanzado el consenso entre PP y PSOE en los asuntos de comunidad, por lo que esta vez también quieren que sea así para la reforma estatutaria o del reglamento de las Cortes. No obstante, el portavoz popular admitió la dificultad de su aprobación para las próximas elecciones, que se convocan a finales de marzo y el proceso, en caso de que hubiera acuerdo entre los grupos, requiere la presentación de una proposición de ley de reforma del Estatuto, aprobación en las Cortes y luego en Congreso y Senado.
Transparencia total. La propuesta de resolución incluye medidas dirigidas a la Junta de Castilla y León, que sí podrían ponerse en marcha casi de manera inmediata, como anticipar el cumplimiento de la obligación de publicar en el Portal Abierto todas las contrataciones que se realicen por la Administración y por todos los entes públicos autonómicos, así como profundizar en la independencia de las instituciones propias moficicando la ley del Consejo de Cuentas para que éste no tenga que someter su Plan Anual a la aprobación de las Cortes.
Finalmente, en relación a los partidos políticos, el Grupo Popular propone modificar la Ley Electoral para incluir la obligación de que se realice al menos un debate electoral por campaña autonómica, así como requerir al Gobierno central para que acelere la tramitación del proyecto de ley de control económico-financiero de los partidos políticos.
Carriedo resaltó antes de concluir que «siempre nos ha movido el interés de Castilla y León y con esta propuesta también».