El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León avanzó que aprovechará la comparecencia el próximo lunes, 27 de abril, del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, para informar sobre el caso de las eólicas para pedirle explicaciones sobre la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y los terrenos del polígono de Portillo (Valladolid). Además, exigió que su intervención ante la Diputación Permanente sirva “para aclarar lo sucedido y sobre todo para asumir responsabilidades políticas”.
En un comunicado, la portavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo, recordó que la comparecencia de Villanueva coincidirá con la declaración del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ante los tribunales. Además, la dirigente del PSOE acusó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de no querer dar la cara y de negarse a comparecer y a debatir en la Cortes sobre la denuncia realizada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción referida al pago de comisiones en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad.
“El PSOE ha solicitado la comparecencia de Herrera ya que es el responsable último ante las gravísimas denuncias que aparecen en el informe de la Agencia Tributaria que concluye que se cobraron en Castilla y León 110 millones de euros por agilizar la tramitación de las instalaciones eólicas” dijo Redondo. “A los socialistas nos gustaría que también hubiera comparecido en las Cortes para aclarar otra serie de cuestiones irregulares”, agregó la dirigente socialista.
“Más allá de lo que digan los tribunales, lo que aquí hay son responsabilidades políticas de enorme dimensión que afectan directamente al presidente Herrera y al consejero Villanueva quien durante 12 años ha consentido estos pagos de comisiones millonarias en la tramitación de licencias para instalaciones eólicas”, concluyó Redondo, quien también recordó el “sobrecoste” de 30 millones del edificio de Arroyo o el polígono de Portillo, “donde los vecinos de la zona vendieron el metro cuadrado a tres euros y posteriormente la Junta se lo compró a las empresas intermediarias a 20 euros”.