La comisión de investigación sobre la tramitación de instalaciones eólicas, la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo (Valladolid) comenzará el próximo 21 de febrero tras la sentencia del Tribunal Constitucional. La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, firmó ayer la convocatoria de dicha comisión tras conocer la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces el informe de los letrados a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que solicitaba que se convocara y se diera amparo al Grupo Socialista. El orden del día se ajusta al que tuvo la sesión del 25 de enero de 2018, cuando no hubo acuerdo sobre el calendario y un nuevo listado de comparecientes.
En ese sentido, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, celebró que se reactive la comisión de investigación, que denunció lleva tres años paralizada, y advirtió de que espera que el PP «no intente más trucos» y «juego sucio», para lo que exigió la comparecencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por ser los «máximos responsables». En su opinión, según las declaraciones recogidas por Ical, tienen que dar explicaciones para demostrar que han «aprendido la lección».
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, insistió en que el Constitucional no ha condenado a los populares y recordó que fue la Mesa del parlamento la que adoptó, sobre la base de un informe de los letrados, la decisión de negar el amparo a los socialistas en base a un informe jurídico de este cuerpo. Además, recalcó que una vez conocido el fallo se dará respuesta y se cumplirá.
Sentido del voto
De la Hoz advirtió de que el TC no puede inmiscuirse en el sentido del voto de los miembros de la comisión, ni tampoco en los acuerdos que adopten. Por ello, restó importancia a la reunión de la comisión, que recalcó volverá a debatir en términos similares a los que lo hizo en enero del pasado año, cuando recalcó no se pactó ni el calendario, al estar las investigaciones judiciales en curso, de las comparecencias, ni tampoco un nuevo listado, puesto que ya se había decidido uno en el pasado.
Tudanca reconoció que el PP puede intentar «maquillar» el cumplimiento de la sentencia del TC de forma «torticera» y cometer un «fraude de ley», con reuniones tras reuniones. Sin embargo, el dirigente socialista recordó que tanto el fallo el Constitucional, como el informe de los letrados al respecto son «muy contundentes». Por ello, aseguró que el Partido Popular se ve obligado a «rectificar».
Finalmente, Raúl de la Hoz recordó que hace un año la comisión de las eólicas, que ahora preside el procurador popular Julián Ramos, conoció un informe de la Fiscalía que pedía que los trabajos de este órgano no afectaran a la instrucción judicial, que ahora acaba de finalizar con la imputación de la excúpula de la Consejería de Economía.