El sector bancario se ha tenido que enfrentar en los últimos meses a muchos frentes jurídicos derivados de la formalización de créditos hipotecarios. El más reciente tiene que ver con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, con una sentencia favorable a sus intereses, pero hay otros capítulos previos centrados en las cláusulas suelo y en otros gastos de estos contratos, como los de inscripción en el registro de la propiedad, gestoría, notaría, etcétera.
Todo tiene su origen en una sentencia de diciembre del año 2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El fallo declaró nulas varias cláusulas al considerarlas abusivas.
A raíz de esta decisión, muchos clientes decidieron reclamar ante las entidades financieras. Si bien la mayor parte de ellas establecieron mecanismos para devolver el dinero de las cláusulas suelo, no sucedió lo mismo con los gastos hipotecarios. Ante estas negativas, se iniciaron muchos procesos judiciales, ya sea de forma conjunta, gestionados por asociaciones de consumidores, o de forma individual. Esta conflictividad también se ha reflejado en las quejas presentadas ante el Banco de España por las actuaciones de estas entidades. Según un informe recientemente publicado por el propio Banco de España, en la delegación de Valladolid han pasado de las 149 del año 2016 a las 347 del pasado ejercicio. Es una tendencia que incluso es más acusada en los datos nacionales, al pasar de 14.462 a 40.176 reclamaciones en solo un año.
El Banco de España reconoce que el 81,4 por ciento de estas quejas tienen que ver con los gastos de formalización de hipotecas. «Es un porcentaje muy superior al de otros ejercicios», señala la entidad. «No obstante, otras tipologías, como la discrepancia por la aplicación de la cláusula suelo y las reclamaciones por la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas suelo de acuerdo con el Real Decreto 1/2017 han aportado igualmente un elevado volumen de reclamaciones», añade el informe.
El resto de las quejas tienen que ver con operaciones relacionadas con las cuentas bancarias y los depósitos (un 6,6 por ciento), servicios de pago, sobre todo con tarjetas de crédito y de débito (un 5,4 por ciento) y cuestiones sobre valores y seguros (2,2 por ciento).
El informe del Banco de España también pone de manifiesto que el 50,4 por ciento de las reclamaciones resueltas por esta entidad dan la razón al reclamante, aunque es un porcentaje que varía ostensiblemente en función de la entidad financiera. Por ejemplo, en el caso del Banco de Santander, el 77 por ciento de los casos acaban con un informe favorable al cliente, mientras que en el BBVA ese porcentaje se reduce al 19,1 por ciento.
El abogado de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) Antonio Castro recuerda que la sentencia del Supremo dicta que la cláusula de los gastos hipotecarios es abusiva en base al artículo 89.3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, «que califica como cláusulas abusivas, en todo caso, tanto la transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables, como la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario». Además, añade que «se consideran siempre abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados».
Castro añade que «en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas, necesaria par la constitución de la garantía real, tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una rectificación». Y, según él, «quien tiene interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo especial».
El informe del Banco de España también refleja dónde se produjeron las incidencias que dieron origen a las reclamaciones, independientemente de dónde se presentaran las mismas. En Valladolid se registraron 518. La provincia con más incidencias fue Madrid, con 5.784.