Las organizaciones Asociación Cultural Ciudad Sostenible, Ecologistas en Acción, Facua y la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid han presentado alegaciones al Estudio de Viabilidad y Anteproyecto base del Pliego Técnico para la contratación del Proyecto, Obra y Explotación del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) del Ayuntamiento de Valladolid y han pedido que no se apruebe.

Las organizaciones sociales alegantes han asegurado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que el anteproyecto cuenta con "graves carencias técnicas y jurídicas" y han puesto el foco sobre la necesidad de un cambio del actual modelo de gestión privada.

Además de pedir que no se apruebe el anteproyecto por "carecer del rigor, claridad y precisión necesarios para su propia finalidad", han solicitado al Ayuntamiento "la elaboración de un informe comparativo solvente sobre el modelo de gestión del tratamiento de los residuos a partir de la revisión y actualización de los datos aportados en el Anteproyecto, complementados por datos municipales contrastados y por el análisis de las conclusiones de la auditoria económico-financiera en curso". Este informe, añaden, debe partir de un diagnóstico de la planta de tratamiento "que se corresponda con la realidad actual y evalúe los resultados de 16 años de gestión privada en régimen de concesión".

Asimismo, han solicitado el archivo de los actos preparatorios sometidos a información pública hasta alcanzar un acuerdo previo con mancomunidades, municipios y Diputación "para la constitución de un Consorcio Provincial de Gestión y Tratamiento de Residuos que asuma el control directo de la gestión del tratamiento y depósito de los RSU e institucionalice el carácter público y ámbito provincial de la prestación del servicio del CTR del Ayuntamiento de Valladolid".

Ciudad Sostenible, Ecologistas, Facua y Federación Vecinal también han señalado que la "ausencia de una evaluación rigurosa" de la eficiencia de la planta en el periodo de concesión de la explotación, actualmente prorrogado hasta la formalización de la contratación de la nueva concesión, es una de las razones de la "falta de solidez" de los documentos sometidos a exposición pública, lo que "invalida" la utilidad del trámite de exposición.

No obstante, señalan las cuatro organizaciones alegantes, este "intento fallido" de iniciar un expediente con "graves carencias técnicas y jurídicas" debe servir para abrir un "necesario" debate público, a partir de nuevos datos "certeros y fiables", sobre la necesidad de un cambio del actual modelo de gestión indirecta.

En lugar de licitar una nueva concesión de obra y explotación que "perpetúe la falta de control público" del tratamiento de los residuos y el "previsible incumplimiento" de los objetivos de la legislación de residuos a partir del año 2020, el Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Diputación de Valladolid, "debe apostar por una gestión pública directa de esta competencia municipal propia".

Además, han añadido que al igual que la actual gestión pública del saneamiento y agua en Valladolid, la gestión sostenible de los residuos urbanos comparte "idénticas exigencias" en cuanto a la necesidad de mayor control, nuevas inversiones que "mejoren" resultados "sin terceros que salgan beneficiados", nuevas tarifas ambientalmente sostenibles y mayor transparencia.

En este sentido, Ciudad Sostenible, Ecologistas, Facua y Federación Vecinal invitan a "reconducir, en un plazo razonable", el proceso iniciado, dotándolo de "mayor solvencia política, técnica y jurídica" al facilitar la gestión pública del tratamiento de los residuos de toda la provincia.