El excomisario José Manuel Villarejo ha demostrado, con sus filtraciones dirigidas contra el Rey Juan Carlos y dirigentes de PP y PSOE, que está dispuesto a sacar toda la información que guarda para salir de la cárcel de Estremera, donde se encuentra en prisión preventiva. «El señor Villarejo se siente indefenso y la única manera que tiene de defenderse es contar todo lo que sabe», señaló ayer su abogado, Antonio José Cabrera.
Así, aprovechando que estaba citado a declarar en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen -en la que se indaga el supuesto espionaje y robo de documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015-, resucitó la teoría de la conspiración sobre la masacre terrorista que golpeó a Madrid el 11 de marzo de 2004 y dejó casi 200 muertos.
Según explicó, su letrado solicitará al Consejo de Ministros que se desclasifique la información relativa a un «hecho luctuoso», que definió como «acto terrorista» y «con relación» con el cambio de Gobierno de 2004, dando a entender que es el 11-M, para que su cliente pueda contar «todo lo que sabe» sobre un caso que a su juicio, «se cerró en falso» y del que se derivaron intereses económicos ocultos.
En este sentido, Villarejo -por boca de su abogado- relacionó el espionaje para el BBVA, con el que se pretendía desbancar a Francisco González del poder, con «luctuosos» sucesos para España. «La llamada Operación Trampa no es simplemente un encargo profesional privado. Detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado. Se aprovecha una coyuntura donde el BBVA necesita una información de carácter defensivo para una operación mayor», relató el letrado.
«El banco digamos que es un actor ocasional que nada tiene que ver con lo que sucedió después. Incluso es muy posible que desconociera la trascendencia económica, internacional y política de esa operación inicial», añadió.
«El señor Villarejo es un servidor público» y actuaba como «agente encubierto», insistió el abogado al explicar que este tipo de trabajos «se hicieron en el interés colectivo de la Seguridad Nacional».
En este sentido, García Cabrera subrayó que su patrocinado «ha sido muy preciso» delante del juez, pero «la identidad de las personas y los grupos» a los que quiere señalar «son secretas», motivo por el que según reveló, la Fiscalía interrumpió en «varias ocasiones» al excomisario, haciéndole notar que estaba hablando de contenidos protegidos por la Ley de Secretos Oficiales. «Se le ha impedido dar más datos concretos de la relación del origen del caso BBVA con los intereses generales de España y de la Seguridad Nacional, al menos, hasta que se permita por el Consejo de Ministros que toda esa información esté disponible para todos», puntualizó.
Esto motiva, precisamente, que vaya a dirigirse al Gobierno para pedirle que levante el velo y que Villarejo pueda así hablar con libertad. De hecho, el Ejecutivo ha desclasificado la información de que disponía sobre la llamada operación Kitchen, pero a instancias del juez, no de ningún investigado. «Queda mucha información que debe liberarse sobre el origen, los intereses nacionales e internacionales, y los intereses económicos que se derivaron de ese acto terrorista y que deben ser aclarados», enfatizó el letrado del excomisario.