El debate político en Castilla y León mantuvo ayer el foco sobre la detención del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. A la espera de su comparecencia ante el juez, la jornada sirvió para que el PP de Castilla y León hiciera su primer análisis de la situación, 24 horas después, y para que desde la oposición se agitara el debate, con petición de comisión de investigación incluida, formulada por el PSOE de León.
El interés principal, sin embargo, radicaba en conocer la primera reacción formal del PP. Le tocó dar la cara al secretario regional del Partido Popular y presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que quedó lejos de la contundencia y expresividad hallada en otros compañeros de su formación. Así, defendió que su partido ha actuado «de manera inmediata» al suspender de la militancia a todos los implicados en la Operación Púnica, entre ellos Marcos Martínez, y aseguró que a quienes sean imputados por el juez tras la toma de declaraciones «se les exigirá» que devuelvan los cargos públicos y orgánicos que ostenten.
El número dos del PP regional puso énfasis a la hora de diferenciar la Operación Púnica de otras intervenciones policiales por corrupción. Según dijo, son «diferentes» a los anteriores, debido a que en esta ocasión las personas detenidas tenían una responsabilidad institucional y en los órganos del partido, por lo que el PP ha dado una «respuesta distinta». Se refería a que fueron por orden judicial y es algo que «en los últimos tiempos» no había pasado.
Otros dirigentes del PP con cargo público, al igual que ocurrió el lunes, se mostraron más contundentes en sus manifestaciones que el núcleo orgánico del partido. Ayer fue el caso del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, quien dijo que el PP debe dar un «segundo paso» y «sin esperar ni un día más», para pedir explicaciones a los implicados en casos de corrupción y adoptar una decisión «definitiva». En declaraciones a Onda Cero recogidas por Ical, reclamó a su formación que intervenga «antes de que las cosas se enfríen», al margen de que haya suspendido de militancia a los implicados en la última redada. Mientras, el alcalde de León, el popular Emilio Gutiérrez optó por un mensaje de proximidad hacia el sentimiento de estupor de la ciudadanía. «Entiendo que esté absolutamente harta y más de noticias recurrentes tan absolutamente desagradables». Y por ello aconsejó «actuar en consecuencia» y confiar en que «la Justicia actúe y clarifique todos los hechos y cuanto antes se esclarezca, mucho mejor».
Precisamente en León se encontraba ayer el director general de la Policía, el palentino Ignacio Cosidó, quien pidió a la ciudadanía que tenga «confianza» en las instituciones del Estado, que aseguró trabajan «con eficacia» ante un problema que «atenta contra la calidad de la democracia», informa Ical.
Las críticas. Frente a los mensajes del PP, desde PSOE e IU se mantuvo la línea crítica del día anterior. El secretario regional de los socialistas, Luis Tudanca, reiteró que «no vale cualquier paño caliente» ante los casos de corrupción y exigió a Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco «contundencia». En una visión global de la corrupción, al margen de los partidismos, defendió que todo cargo público afectado tiene que abandonar de forma inmediata su responsabilidad pública.
Los diputados del PSOE de León, por su parte, solicitaron la creación de una comisión de investigación en la que se analicen las adjudicaciones efectuadas por el equipo de gobierno del PP y se sepa qué criterios se han seguido en las mismas. Se trata de una petición coincidente en el fondo con la formulada por Izquierda Unida, cuyo coordinador provincial en León, Santiago Ordóñez, reclamó ayer al Gobierno central «que intervenga inmediatamente la Diputación y que la Fiscalía Anticorrupción analice con lupa todos los acuerdos políticos y técnicos alcanzados, al menos, durante esta legislatura».