E l ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha demostrado, en los seis meses que lleva al frente de esta cartera que, el continuismo, no es precisamente la máxima que guía su labor dentro del Ejecutivo. Y es que, desde su llegada al cargo el pasado mes de septiembre, ha dado carpetazo a la gran mayoría de los proyectos estrella que anunció a bombo y platillo su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. Así, la última iniciativa enterrada en este sentido fue la puesta en marcha del nuevo Registro Civil, de cuya gestión debían ocuparse los registradores civiles y de la propiedad a partir del 15 de julio.
Catalá ha modificado de forma radical reformas tan polémicas como la del Código Penal, la Ley del Aborto o la Ley de Tasas, cuyo resultado poco o nada tiene que ver con el pretendido por el que fuera alcalde de Madrid. De hecho, la retirada de la Ley del Aborto, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por falta de consenso, provocó la dimisión del exministro y dió paso a una profunda revisión de todas las medidas que impulsó.
Del proyecto de Gallardón, que elegía un modelo de supuestos en los que la interrupción del embarazo se penalizaba de forma más restrictiva que en el vigente desde la década de los 80, solo ha quedado la iniciativa impulsada por el PP en el Congreso, que toca parcialmente la norma para imponer el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.
En cuanto a la Ley de Tasas -un medio, según el extitular del gabinete, de financiar la Justicia Gratuita-, el Ejecutivo decidió eliminar su pago para las personas físicas por la vía del Decreto ley, tras un anuncio realizado por Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Todas las demás normas impulsadas por Gallardón han cambiado completamente su contenido. De esta forma, la modificación de sus iniciativas ha salvado la prisión permanente revisable incluída en el Código Penal, de reciente aprobación en el Congreso. No obstante, el texto definitivo dejó en el camino del trámite parlamentario otras cuestiones como las denominadas medidas de seguridad, que debían ser aplicadas a presos de especial peligrosidad, y que consistían en internamiento en centros psiquiátricos, de deshabituación o de educación especial, después de la sanción penal.
Tampoco ha sobrevivido la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que supuso la modificación del sistema de elección de los magistrados y la reducción de sus miembros con dedicación exclusiva y sueldo. Es más, el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado a propuesta de Catalá, incluye un incremento de cinco a siete del número de integrantes de dicho órgano.
Además, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial también ha cambiado. Se renuncia, así, a la modificación radical de la Justicia que defendía Gallardón al plantear, por ejemplo, que las causas especialmente complejas pudiera ser instruidas por tres jueces, eliminando los partidos judiciales. La norma de Catalá los mantiene para no renunciar a la proximidad con el ciudadano.
Reducción de aforados.
Nada se ha vuelto a saber, tampoco, del anuncio realizado por el que fuera alcalde de Madrid de recortar drásticamente el número de aforados existentes en España para pasar de 17.621 a solo 22 en todo el país.
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón preveía impulsar la instrucción por parte de los fiscales. El proyecto finalmente aprobado no la incluye y se limita a introducir cambios como los límites a la duración de la instrucción penal o la revisión del término imputado o investigado.
Finalmente, la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha perdido, de igual modo, otra de las propuestas del exministro, que concedió a los notarios la posibilidad de celebrar matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo. Estos profesionales podrán seguir haciéndolo, pero compartirán el cometido con los secretarios judiciales.