Que la investigación por la presunta ‘macroestafa’ de El Salvador se llamase Operación Ignis no era ninguna casualidad. El fuego (ignis, en latín) jugaba un papel clave en una trama en la que se trataba de determinar si se habrían venido dando cambiazos de ataúdes en el momento previo a la cremación; féretros caros que se sustituían por otros de bajo coste importados de China por apenas treinta euros y que se quemaban por partes (en un caso la tapa, en otro la caja...) para revender nuevamente los caros y multiplicar así los beneficios. La práctica, según se desprende de las actuaciones que se han llevado a cabo, fue tan habitual que la juez del caso llegó a cifrarlos en seis mil durante los primeros veinte años (1995-2015) objeto de indagaciones y que podrían ser unos cientos más si, como se cree, los cambiazos se continuaron efectuando hasta el mismo día del registro, el pasado 31 de enero de 2019.
El meollo de la cuestión policial y judicial es la estafa, más allá de que la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 6 estudie también delitos contra la hacienda pública, falsedad, blanqueo de capitales y organización criminal. Y la estafa se sustenta en el lucro económico que presuntamente se obtuvo con los engaños a los clientes que pagaban un ataúd caro (de entre 600 y 10.000 euros) y recibían un low cost. Nada que reclamar por tanto en el caso de unos presuntos cambiazos de cenizas que ahora se han puesto sobre la mesa por parte de alguna de las plataformas de afectados, con despachos de abogados que han llegado incluso desde Madrid para personarse en la causa y que desde el entorno de la investigación se interpreta como un «intento de hacer ruido» sobre un asunto «muy mediático».
El artículo 526 del Código Penal es el que se refiere a los casos de profanaciones y especifica que «el que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare urnas funerarias, nichos, panteones o lápidas será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses». Pero las fuentes consultadas por El Día de Valladolid descartan que esos hipotéticos cambiazos de las cenizas puedan encajar ahí, ya que «es un tipo delictivo que habla de la profanación de sus cadáveres y de sus cenizas, pero cometiendo actos violentos en un cementerio».
Entienden, en igual sentido, que «no habrían sido unas profanaciones premeditadas, sino, como mucho, una tema de mala praxis, una cuestión de ser chapuceros». «Demostrarlo sería casi imposible, el comprobar de quién es cada ceniza...», concluyen estas fuentes. Incluso desde otro despacho se ha planteado que la reclamación de daños y perjuicios debiese ir más allá de lo estafado por el ataúd, sino también llegar a la «reparación del daño moral».
A pesar de la proliferación de despachos que ofrecen asesorar y representar a los perjudicados por esta ‘macroestafa’, tanto la Policía como la Fiscalía recuerdan que no es necesario y que «lo mejor y más rápido» es presentar denuncias de manera individual en Comisaría, tal como apuntó hace unos días el propio comisario jefe provincial, Juan José Campesino. Igualmente, la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera explicó el jueves en la Ser, que se trabaja de manera «coordinada» con la Policía, con ese modelo de denuncia unificado que se ha creado para los afectados y que lo importante es recopilar toda la documentación del sepelio para ejecutar la reclamación.
Para prever todas las que puedan probarse en un futurible juicio, la Fiscalía ha decretado ya orden de embargar varios inmuebles de la familia, con el objetivo de que se garantice el pago de una ulterior reclamación civil por las presuntas estafas. Martín Nájera sitúa este caso en la esfera de la «codicia y ambición».
Ya hay más de 250 denuncias en Comisaría y los investigadores no descartan nuevas detenciones en el marco de la Operación Ignis. Ya ocurrió hace una semana, cuando se decidió arrestar a la hija menor de los dueños de la funeraria y que era la directora-gerente del tanatorio El Salvador. «Aunque parecía que no tenía un papel relevante dentro de la trama, en la investigación se ha visto que no era así, que estaba realmente al frente del tanatorio y conocía lo que se hacía, por mucho que se siguiesen órdenes del padre o el hermano», explican las fuentes consultadas por este periódico, que detallan que, en efecto, se cree que «todas las pautas de trabajo eran las establecidas por el padre y los demás acataban y obedecían».
En la primera fase de la Operación Ignis se contaba con el exhaustivo ‘libro de registro’ que fue elaborando a lo largo de dos décadas el empleado que trató de extorsionar -y que fue condenado por ello- al dueño de la funeraria cuando se jubiló. Ahora se estudia lo incautado para tratar de confirmar las sospechas de que las prácticas no acabaron en 2015.