La XXIII Conferencia Nacional de Decanatos de Letras, reunida recientemente en la Universidad de Salamanca, ha suscrito la denominada Declaración de Salamanca para la defensa de la universidad pública española y, más en concreto, de la enseñanza de las Humanidades. Una declaración a la que se ha adherido la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid y con el cual decidieron unánimemente manifestar con toda contundencia la inquietud «por el deterioro de las universidades públicas en la docencia, la investigación y la gestión y nuestro firme compromiso de luchar por defender el papel que la enseñanza de las Humanidades tiene en la sociedad y en el momento actual».
Concretamente, la mencionada declaración hace pública la demanda de un compromiso en la defensa de la universidad pública al tiempo que expresan su oposición a la tendencia, «cada vez más frecuente», a la externalización y privatización de la gestión, «basándose en la falsa pretensión de eficacia y rentabilidad de este sistema y estableciendo una sinuosa, persistente y falsa dicotomía entre lo público, sinónimo de ineficacia, y lo privado, de rentabilidad y eficacia». En esta línea, continúa el texto, demandan la equiparación de los presupuestos de educación e investigación a la media de la Unión Europea, «ya que la reducción continuada de las asignaciones presupuestarias a las universidades públicas y la constante incertidumbre en esta materia han mermado la capacidad de actuación y han impedido una gestión adecuada».
De la misma manera demandan un adecuado relevo generacional entre el profesorado, «frente a las políticas de recortes de estos últimos años que han supuesto la marcha de numerosos profesores de la universidad pública por jubilaciones o por falta de perspectivas de promoción» y también demandan «una dedicación similar de todo el Personal Docente e Investigador a tiempo completo en las universidades públicas».
Es más, en la declaración califican de «atentado» contra la enseñanza universitaria pública en lo relativo a la posible estructuración de las enseñanzas universitarias en grados de tres años y másteres de dos años (Real Decreto 43/2015) a lo que, al mismo tiempo, se equiparen las tasas universitarias de grado y máster entre sí y entre las diferentes regiones.
En la declaración también exigen que «cesen los excesos de intervencionismo de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de la nación en la Universidad», «la burocratización creciente de la labor universitaria, que agobia la gestión de los centros universitarios» y, en definitiva, piden «un compromiso de diálogo y voluntad de alcanzar consensos entre todos los actores del sistema universitario español para cualquier modificación sustancial o estructural que le pueda afectar».