La Diputación ha embargado las cuentas de 666 habitantes de la provincia por impagos de tasas e impuestos de años pasados. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer un listado de vecinos que adeudan diversas cuantías al Organismo de Recaudación de Tributos Municipales (REVAL) por un valor aproximado a los 176.000 euros. Se trata de recibos de diversos impuestos y tasas que ya han sido retenidos en las cuentas de estas personas morosas y con la publicación en el BOP se las notifica la retención de este dinero.
La gerente del Organismo Autonómico, Mercedes Herrero, manifestó que la institución ya ha dado al orden a las entidades financieras con las que trabaja para retener estas cuantías de estas 666 personas y ahora tienen un plazo de 15 días para hacer el pago voluntario y saldar su deuda con los ayuntamientos (la Diputación solo se encarga de la recaudación de los municipios).
En este listado, hay personas que adeudan todo tipo de impuestos y tasas tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Vehículos y las Tasas de la gran mayoría de los ayuntamientos de la provincia. «Se trata de impagos de este u otros años y de muy diversa índole».
Pero además de este listado, el Boletín Oficial de la Provincia también hizo público ayer un requerimiento de la Diputación de Valladolid a 1.166 personas y empresas para que también paguen sus deudas, pero en este caso no se trata de impuestos, sino de impagos por revisiones catastrales.
Herrero afirmó que este listado no es de personas morosas, sino que se trata del número de entidades y vecinos de la localidades que han realizado mejoras en sus viviendas o algunas obras que no han sido declaradas a la Dirección General del Catastro. Estas mejoras han sido detectadas en las inspecciones que se hacen por parte de los trabajadores del Estado y a través de las revisiones catastrales y ahora los ayuntamientos, a través de la Diputación, solicitan el dinero que realmente deberían haber pagado estos vecinos por sus inmuebles.
En este caso, todas las deudas que se solicitan a estas personas se deben al Impuesto de Bienes Inmuebles y tampoco son pertenecientes a este año, sino que la normativa refleja que los consistorios tienen derecho a solicitar las deudas de los últimos cuatro años, es decir, hasta 2010 ya que las anteriores ya han prescrito.
Herrero explicó que suele tratarse de nuevas edificaciones que se han realizado o mejoras de consideración de edificios ya existentes. «Ahora, reclamamos lo que realmente deberíamos haber cobrado por esas mejoras y no lo que cobramos realmente», indicó.
Sin embargo, estas personas no tienen retenido el dinero de sus cuentas, sino que disponen a partir de hoy mismo de un plazo de 15 días para solicitar información su caso en concreto y luego dos meses más para hacer efectivo el pago. Eso sí, en el caso de que transcurrido este periodo de tiempo no se haya pagado, la institución provincial efectuará vía ejecutoria el embargo del dinero.