El Partido Popular de Valladolid reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de “boicotear” el proyecto para ampliar la capacidad de la Autovía de Castilla (A-62), entre Dueñas (Palencia) y Tordesillas, que impulsó el anterior ejecutivo. Se trata de una actuación con un presupuesto estimado de 246 millones para actuar en un tramo de 54 kilómetros, lo que podría generar unos 4.000 empleos en cuatro años.
La diputada ‘popular’ por Valladolid Raquel Alonso; el vicesecretario provincial de Comunicación del PP, David Frontela, y el alcalde de Simancas, Alberto Plaza, denunciaron que el Gobierno socialista está paralizando de forma “deliberada” esta obra, para evitar en su opinión que los ciudadanos atribuyan esta intervención al Partido Popular.
En ese sentido, los dirigentes ‘populares’ indicaron que estaba prevista la entrega del proyecto este verano al Ministerio, si bien el regidor de Simancas criticó que el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, no haya atendido dos cartas en las que le solicitaba que informara de los detalles de la obra a los vecinos de la localidad, que atraviesa la A-62, dividiendo en dos zonas la población.
Al respecto, Frontela aseguró que el Gobierno de Sánchez está “torpedeando” y poniendo en “serio riesgo” la ampliación de la capacidad de la A-62, que señaló el Ejecutivo de Rajoy pretendía financiar con cargo al Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que se nutre -explicó- de fondos del Plan Juncker, que planificó una aportación para España de 5.900 millones.
Por ello, la diputada Raquel Alonso explicó que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado varias iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno frene el desarrollo de iniciativas beneficiosas para los ciudadanos. Insistió en que el anterior ejecutivo logró financiación europea al sacar a España del protocolo de déficit excesivo en el que había entrado el país con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Recalcó que el nuevo Plan de Carreteras preveía actuaciones en 2.300 kilómetros, que se financiarán por el modelo de colaboración público-privado, mediante el pago por disponibilidad. De esta forma, además, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aporta el 40 por ciento y el resto las empresas concesionarias de la obra y el mantenimiento durante 30 años, mediante un canon variable, con el objetivo de garantizar la calidad y la seguridad.
La diputada ‘popular’ señaló que en todo el país 25 proyectos se han visto afectados por el cambio de gobierno y advirtió de que el PSOE votó en contra de una iniciativa en defensa de estas infraestructuras, por lo que a su juicio deberán explicar por qué están en contra de su desarrollo. Además, Raquel Alonso añadió que ha presentado dos preguntas al Gobierno sobre la A-62 y la actuación en Simancas, que no han recibido respuesta.
Por su parte, el alcalde de Simancas denunció la atención a los vecinos de la localidad que está prestando el Gobierno y en concreto el dirigente socialista Javier Izquierdo, pese a su vínculo con Valladolid. Alberto Plaza explicó que remitió una carta en junio y otra este mes sin que su demanda haya recibido contestación. Finalmente, el regidor advirtió al PSOE de que esta obra “no tiene color político”.