¿Puede el Estado recuperar algunos de los bienes públicos inmatriculados por la Iglesia Católica en las últimas décadas? Esta cuestión, no exenta de polémica, está detrás del listado de propiedades de la Iglesia que está elaborando el Ministerio de Justicia. La decisión se basa en la reforma de La Ley Hipotecaria en 2015, que eliminó el derecho de inmatricular bienes por un procedimiento específico y sin necesidad de probar o demostrar documentos probatorios de su titularidad. Un método por el que en 2007 el Arzobispado de Valladolid registró 19 de los templos más relevantes de la capital, incluida la Catedral.
En Valladolid no hace falta esperar al listado del Gobierno porque esta relación se conoció en 2016 tras la moción del grupo municipal Sí Se Puede Valladolid (SÍVA) en la que se pedía que se recabaran del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en la ciudad desde 1946 hasta la actualidad. Una petición en la línea de este futuro censo de bienes inscritos en el Registro de la Propiedad que está realizando Justicia. Un estudio que el Gobierno pretende publicar para «garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos».
¿Qué pasará después? La ministra de Justicia, Dolores Delgado, adelantó que si se encuentran bienes de dominio público, se estudiará jurídicamente, en su caso, la reversión al dominio público. Un argumento que también secundó esta semana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que apuntó que se «actuará en consecuencia» con el informe. Aunque inmatriculaciones como las de la Mezquita-Catedral han generado ya «muchas dudas y muchos cuestionamientos».
Unas dudas que también mantiene el grupo de SÍVA, aunque aquí no se ha planteado dar un paso más como sí se hizo en Zaragoza, donde el Ayuntamiento reclamó el año pasado la titularidad de la catedral. Una petición en la que la dirección general de Patrimonio del Estado estimó que «no existe duda legal alguna» sobre la titularidad del Arzobispado.
En la relación que el de Valladolid envío al Ayuntamiento están una veintena de templos inmatriculados en 2007. La Iglesia Católica registró ese año a su nombre la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa; Iglesia de San Juan de Letrán; Santuario de Nuestra Señora del Carmen Extramuros; Parroquia Nuestra Señora del Pilar; Parroquia Nuestra Señora del Rosario; Parroquia San Andrés Apóstol; Parroquia de San Ildefonso; Parroquia de San Juan Bautista; Parroquia de San Martín; Parroquia de San Miguel y San Julián; Parroquia San Nicolás de Bari; Parroquia de San Pedro Apóstol; Parroquia Santa María de la Antigua; Parroquia Santa María Magdalena; Parroquia Santiago Apóstol; Parroquia de Santísimo Salvador; Parroquia de Santa María de Duero y la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Aunque, sin duda, el inmueble más relevantes es la Catedral, uno de los principales recursos turísticos de la capital, que también se registró en marzo de 2007, aunque se apunta que estaba referenciado en el catastro con el Arzobispado como titular.
La petición de esta relación de propiedades también iba acompañada del compromiso de hacer un inventario de los bienes que la Iglesia inscribió a su nombre «sin aportar título material y previo que justificara su titularidad». Un inventario que, de momento, no está disponible,y que no se ha podido publicar, como también figuraba en el acuerdo plenario.
cambio legislativo. Todo este debate político y social que ahora pone en cuestión la propiedad de determinados templos, sobre todo de algunas de las catedrales más representativas del país, deriva de la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1988, que otorgaba la potestad a la Iglesia Católica de acreditar la propiedad de templos o lugares de culto por considerar que era notoria y conocida. Ese argumento se defiende también desde el Arzobispado de Valladolid, donde su delegado de Patrimonio apunta que «no se ha actuado con nocturnidad y engañando, sino que se ha procedido con buena fe, al amparo de la más absoluta legalidad». Sin embargo, tras la reforma de la normativa, desapareció esa excepcionalidad, aunque no se cuestiona la legalidad..
La Conferencia Episcopal se justifica en que «las 23.000 parroquias y los varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90» Precisan que «en muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos» y aseguran que actualmente no disponen de un registro de bienes inmuebles. «En España existen cerca de 40.000 entidades que son reconocidas como Iglesia Católica a nivel civil y que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, en todo, también en la inmatriculación».
Exención del IBI. En el caso de Valladolid, según los datos del padrón del IBI, la Iglesia Católica tiene 401 inmuebles urbanos exentos del pago de este tributo municipal y 71 que sí que deben abonarlo. Este régimen fiscal especial se debe a los acuerdos entre la Santa Sede y Estado sobre asuntos económicos firmado el 3 de enero de 1979 y, además, está amparado también por la ley que regula las entidades sin fines lucrativos y la de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Los ingresos municipales procedentes del IBI, que anualmente superan los 70 millones de euros, se podrían incrementar en 876.745 euros si los beneficiarios de estos acuerdos tributaran por los 293 inmuebles que tienen distribuidos por todos los barrios. A estos habría que sumar otros 75 inmuebles exentos por la ley de beneficios fiscales, que se ahorran de ingresar al Ayuntamiento 97.633 euros este año. Además, hay 33 edificios dedicados a enseñanzas concertadas por los que el Ayuntamiento de Valladolid dejará de ingresar este año 464.667 euros. En este capítulo también habría que incluir las 16 propiedades registradas a nombre de otras iglesias no católicas, que se ahorran 9.481 euros por este impuesto sobre los bienes inmuebles.