Uno de los principales problemas que ha evitado que El Carrascal, es decir, la ampliación del polígono de San Cristóbal, alcance el cien por cien de ocupación es la existencia de un canon impuesto por la Entidades Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en los contratos de venta de las parcelas anteriores a la crisis. Se trata de una cláusula que dice que los empresarios que compraron en su día una parcela y no desarrollaron el proyecto que tenían previsto, deben pagar una cantidad económica si pretenden vender ese suelo a una tercera persona. Una medida que se tomó para evitar la especulación con esas parcelas.

El caso es que, llegada la crisis, muchos de esos empresarios no pudieron poner en marcha sus negocios, pese a tener los terrenos. Y tampoco han podido venderlos, puesto que no pueden hacer frente a un canon que, por supuesto, los potenciales compradores tampoco quieren asumir. Esta situación ha impedido que se lleven a cabo numerosos proyectos en el polígono. A principios de 2017 los responsables de San Cristóbal señalaron que había frenado la instalación de unas 30 empresas.

Toda esta situación cambiará en los próximos meses, toda vez que la Asociación de Empresarios de San Cristóbal se reunió en noviembre con responsables de Sepes, quienes les trasladaron que la entidad está trabajando en un protocolo que solucionará un problema que no es exclusivo de Valladolid, puesto que Sepes aplicó esa política en toda España y hay varios polígonos en los que sucede lo mismo. El compromiso es eliminar ese canon, siempre que los interesados en comprar aporten unas garantías mínimas de que la nueva inversión se ejecutará.

La intención de Sepes era que este protocolo estuviera listo a finales del año pasado. «Pero a día de hoy todavía no nos han comunicado nada», asegura el gerente de la asociación, José Ferrández Otaño.

De las cerca de 1.100 parcelas que hay en San Cristóbal, 254 están situadas en la ampliación de El Carrascal. De ellas, unas 200 están ocupadas y la mayor parte del resto, no todas, arrastra este problema. Solo una de ellas sigue siendo propiedad de Sepes.

Ferrández Otaño asegura que este canon ha arruinado «muchísimos» proyectos en San Cristóbal al no llegar a un acuerdo en la venta del suelo. «Llevamos intentado desbloquear esta situación más de seis años y hasta ahora nadie nos había dado ninguna respuesta positiva», explica el gerente de una asociación que se acaba de incorporar a la Confederación Española de Áreas Empresariales (Cedaes).

Este cambio facilitará que se consolide el incremento de actividad en este enclave empresarial, una tendencia que ha sido constante en los últimos meses con la llegada de nuevas empresas. De hecho, desde hace un par de años han abierto unas diez firmas después de una década marcada por la destrucción de empleo. San Cristóbal llegó a tener más de mil empresas antes de que empezara la crisis (tiene capacidad para 1.300), pero durante este periodo se perdieron unas 200. El futuro parece mucho más esperanzador, con todas las reservas que tienen los empresarios ante una situación económica tan cambiante.