Una etiqueta energética para los edificios y las viviviendas. El Gobierno obligará a partir del próximo 1 de junio a todos los propietarios a poner a disposición de los futuros compradores o arrendadores de edificios o o viendas, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética.

Este nueva calificación, que no tiene nada que ver con la certificación que se obtiene tras la Inspección Técncia de Edificios (ITE), además de evaluar la eficiencia energética del edificio o vienda, deberá incluir información objetiva sobre sus características energéticas. Además, deberá aportar recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de la vivienda, de forma que se pueda valorar y comparar con la de otros edificios y casas.

El certificado dará una calificación «buena o mala, que servirá para que el comprador o arrendatario decida si le interesa quedarse con él inmueble», asegura Gregorio Alarcia, presidente del Colegio de Arquitectos de Castilla y León. «Era necesario establecer este tipo de certificado, pero se está haciendo en el peor momento por la situación económica de los ciudadanos», advierte Alarcia. Aún así, desde el Colegio de Arquitectos considera que la medida es «buena» y piden fomentar «la cultura de la conservación de los edificios, aunque conlleve un gasto económico.

Son precisamente los arquitectos, los arquitectos técnicos y los ingenieros con competencias en vivienda los profesionales acreditados para expedir este nuevo certificado, que será obligatorio en menos de dos semanas. «No hay un precio fijo y cada profesional fija el suyo porque no todos los edificios o las viviendas son iguales, y conllevan diferente carga de trabajo», recuerda Alarcia.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios, pone en tela de juicio que bajo la etiqueta de «protección al consumido» se dicten una serie de normas que, en la práctica, «sólo tienen la finalidad de alimentar las arcas públicas y oscuros intereses corporativistas». Recuerdan que en los últimos doce meses se han vendido 166.000 viviendas de segunda mano en España, lo que equivale a un coste para los propietarios de más de 41 millones de euros por el nuevo certificado, sin contar con los contratos de alquiler. En el caso concreto de Valladolid, en marzo se vendieron 258 viviendas, lo que supondría un coste 64.500 euros.