El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha concluido la investigación por la supuesta trama de pago de favores a un agente de la Guardia Civil de la capital, investigado por cobrar de distintos empresarios, que también están investigados en el proceso judicial, a quienes habría facilitado información y favorecido con gestiones en diferentes organismos, aprovechándose para ello de su condición de servidor público, según informan fuentes del TSJCyL.
En el auto, que trasforma las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, pone fin a la instrucción y abre la fase de preparación del juicio, el magistrado considera que existen indicios suficientes para juzgar al guardia civil y a otras 10 personas, que le habrían entregado dinero y regalos a cambio de los favores relacionados con “el acceso y difusión de datos de carácter reservado, asesoramiento sobre procesos por multas, ayuda en los recursos con conductor falso, recepción y aprovechamiento propio de regalos externos, dinero por las ayudas que ofrecía, sin perjuicio de su inexistencia real en algunos casos, entre otros actos menores”.
En la misma resolución, notificada este viernes a las partes, el titular del Juzgado de Instrucción 1 acuerda sobreseer la causa contra ocho personas, que han llegado a estar investigadas, por entender que, tras las diligencias practicadas, no se han hallado indicios de su participación en los hechos objetos de investigación. A este respecto, el auto alude a “actuaciones de compañeros de J.C.C. que pudieron estar convencidos de la licitud en la actuación del citado, familiares, y terceros, en este caso alguno de los empresarios, sobre los que sólo se ha comprobado indiciariamente la existencia de detalles o agradecimientos no cuantificables”.
El auto explica también las alusiones a mandos de la Guardia Civil realizadas por el agente encausado en sus negociaciones. A este respecto, subraya que “las menciones a altos cargos de la Guardia Civil de Valladolid, León o Alicante eran de cuenta del citado, aunque los afectados no tuvieran conocimiento de la utilización de sus nombres y cargos en los comportamientos de J. C. C. sí se beneficiaron, o creyeron serlo y así actuaban”, los diez empresarios contra los que se acuerda continuar el procedimiento.
Operación Rosado
Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la Operación Rosado contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las prebendas entregadas al mismo.
Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la Operación Rosado, coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto abierto por delitos de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Según recoge el auto de transformación en Procedimiento Abreviado, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones “incompatibles con su condición” de agente de la autoridad.
Las grabaciones, señala el juez en la resolución, reflejan “la potestad de la que hacía gala J. C. C. frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad” y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.
Alteración de expedientes
El magistrado instructor mantiene que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y “vendía” esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.
Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo. Igualmente, se sospecha que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.