Castilla y León es una de las comunidades que desoyó desde el principio la regulación estatal para la atención sanitario a los ‘sin papeles’ y buscó una fórmula para ‘puentearla’. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, prefiere utilizar la palabra «bordear» y «llegar al límite» con la interpretación el decreto del Ministerio en la etapa de Ana Mato. Al margen de denominaciones, el máximo responsable de la sanidad regional garantiza que la situación no cambiará con el debate abierto ante los anuncios de insumisión de otras cinco comunidades, sino que espera que el Gobierno fije unos criterios homogéneos que amparen esta práctica, a su juicio generalizada en todo el territorio nacional.
«Desde el principio pensamos que no tenía sentido dejar de prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes», explicó Sáez Aguado ayer en declaraciones a este periódico, al tiempo que se manifestó a favor de que el Ministerio de Sanidad articule una forma común para todas las comunidades y fije criterios para todos con el fin de evitar que haya diferencias entre territorios.
A juicio del consejero de Sanidad de Castilla y León la polémica se ha generado de forma artificial pues la atención a los inmigrantes se realizaba con relativa normalidad en todo el país. «Lo que ocurre es que hay temas que el PSOE se los arroga como bandera propia y ahora dicen que los van a atender para dar una imagen de que cambian el panorama pero creo que no es así», opinó Sáez.
El titular de Sanidad de la Comunidad recuerda que en el momento en el que entró en vigor el decreto (2012), Sacyl remitió una instrucción a los profesionales para que se asigne médico y enfermera a los inmigrantes que carezcan de papeles, aunque no se les pudiera expedir tarjeta sanitaria. Con acceso a través de Atención Primaria, las derivaciones a especialistas se realizaban como cualquier otro paciente. El principal agujero de este sistema es que no se podían expedir recetas. «Salvo este problema, la atención en Castilla y León se ha desarrollado sin incidencias importantes», aseguró Sáez Aguado.
El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades el próximo 2 de septiembre a un Consejo Interterritorial para abordar esta cuestión. En esta reunión, el consejero espera que no afecte a la atención en Castilla y León, más bien espera que el nuevo sistema permita dar más garantías a los pacientes.
Desde la regulación estatal que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, las comunidades autónomas han puesto en marcha sistemas propios. Es el caso de Galicia, que remite una tarjeta especial sólo válida para su territorio y bajo la cual tienen todas las coberturas sanitarias. Modelos similares han seguido País Vasco y Navarra.
Sáez recuerda que la regulación de la atención a los inmigrantes también la obliga la Unión Europea. «Hasta que el Gobierno lo reguló se daba la paradoja de que un inmigrante que se empadronara en España tenía tarjeta sanitaria y con ella iba a cualquier país, incluso el suyo de origen, y también tenía prestación, y luego esos países se lo cobraban a España. La UE dijo que no podía seguir esto así», apuntó.