La Ley de contratos del sector público modificaba la Ley de Haciendas Locales prohibiendo el que esos entes públicos puedan cobrar tasas impositivas a los vecinos por los servicios que prestan, teniendo que hacerlo bajo la forma de contraprestación no impositiva, según el PP. La nueva normativa, que se aprobó en noviembre del año pasado pero entró en vigor el jueves, establece que la contraprestación de esos servicios municipales no puede hacerse a través de impuesto o tasa, situación en la que se encuentra el EPEL Aquavall. Un dato que el alcalde, Óscar Puente, y su equipo conocían desde el año pasado y "no han hecho nada por cambiarlo", denuncian desde filas 'populares'. Según el PP, la falta de diligencia de Puente puede hacer que "los vecinos se nieguen a pagar una tasa por no estar obligados a hacerlo" lo que puede poner en peligro los ingresos del ente público del agua. "Han tenido meses para cambiarlo, incluso para aprobarlo antes de decidir que fuera una tasa y no se hizo".