Nuevo golpe del Tribunal Superior de Justicia a la Junta de Castilla y León. Tras las sentencias desfavorables en materia sanitaria y ambiental, ayer la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ declaró nulo de pleno derecho el decreto que regula la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León. Se da la circunstancia de que esta sala ya había dictado hasta el momento otras tres resoluciones en términos similares, como la que anuló el decreto 2/2016, al que sustituye el ahora anulado.

Tras conocerse la noticia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, confirmó que la Junta acatará la sentencia, aunque aseguró que no renunciará «nunca» al modelo de atención a las personas mayores, que se ha convertido en un referente a nivel nacional, por estar centrado «en la persona». La sentencia declara la nulidad de este decreto al entender que no se aprecia el procedimiento de elaboración de una disposición general, lo que vulnera el principio de transparencia «tanto en lo que afecta a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de su elaboración, como en la audiencia a las entidades locales afectadas titulares de estos centros, y a los colegios que representan a los profesionales que prestan servicios en ellos», algo «especialmente relevante» a la hora de determinar los ratios de personal procedentes. «Se desconoce si ha habido alguna memoria previa ni si han tenido conocimiento de ella los participantes en el proceso de elaboración, al formarse y suscribirse junto con el mismo proyecto», recoge el texto.Por otro lado, se estimó como «insuficiente» el examen que se efectúa en la memoria de su incidencia en el Sistema de Salud de Castilla y León.

«Acataremos la sentencia, pero no renunciaremos al modelo de innovación social de atención a las personas», declaró García, quien apeló a la «dignidad y a la calidad» para no quedarse «anclados en la institucionalización», sino «innovar» y atender a las personas mayores «como si estuvieran en su casa», que recalcó que es lo que persigue el modelo ‘Mi casa’. Aunque no entró en más detalles, Alicia García insistió en que en el texto se cuestionan «defectos en el procedimiento» de tramitación, al ser aspectos «más exigentes» de lo que pide la tramitación de un decreto de la Junta de Castilla y León.