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Tribunales

Casi 250 personas piden la nulidad de las expropiaciones del AVE a Burgos y una indemnización de 1,5 millones

Óscar Fraile - martes, 8 de abril de 2014
Obras de la línea de AVE. - Foto: El Día
Los recurrentes se suman a un proceso legal similar al que ganaron 23 afectados por la autovía a Villanubla por la indefensión que supuso la omisión del trámite de información pública

Un total de 248 familias presentarán en breve un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón para pedir la nulidad de las expropiaciones que les hizo Fomento para construir la línea de Alta Velocidad entre Valladolid y Burgos. Se trata de una avalancha de peticiones que se produce después de que 23 familias ganaran un juicio muy similar referente a las expropiaciones para hacer la autovía entre Valladolid y Villanubla. De hecho, también hay familias que ya han ganado varios juicios sobre las expropiaciones de este tramo del AVE.


Como ya sucediera en anteriores ocasiones, el motivo de este recurso es que el Ministerio de Fomento omitió el trámite de información pública de los bienes y derechos afectados, por lo que podría haber incurrido en vía de hecho, término jurídico que se refiere a la actuación de un órgano administrativo sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido. La defensa entiende que las personas a las que se les expropiaron los terrenos sufrieron indefensión porque, al saltarse este trámite, no pudieron presentar alegaciones sobre el trazado elegido ni sobre la superficie expropiada.
También en base a anteriores sentencias, los afectados piden una indemnización consistente en el 25 por ciento del justiprecio que marcó en su día Fomento, más los intereses. Es decir, 1,2 millones más otros 300.000 para un total de 1,5 millones.


Lo cierto es que los afectados tienen todas las de ganar, puesto que los jueces ya han estimado estos recursos en ocasiones anteriores. Estos 248 afectados era propietarios de poco más de 500 fincas, y el administrador de la empresa Cleocir y asesor legal de los recurrentes, Fernando Guirao, asegura que algunos de ellos incluso perdieron su vivienda.


Por otro lado, la defensa critica la decisión de la jueza encargada del caso, que les ha obligado a interponer un recurso por cada finca expropiada, en lugar de hacer uno común o agruparlos por tramos del AVE, como ha sucedido en otras ocasiones. Los abogados incluso llegaron a presentar un recurso de reposición por este motivo que fue denegado. La jueza justifica esta medida «por tratarse de fincas diferentes», pero Guirao opina que se trata de una «medida disuasoria» que, en principio, no ha tenido ese efecto, porque todos los recurrentes han asumido el incremento del coste, que puede llegar a multiplicarse por cien. «Hacer esto supone que una persona que tiene doce terrenos tiene que ir doce veces a juicio y pagar doce veces al procurador», asegura. Guirao también explica que para la presentación de todos los recursos han tenido que trabajar cuatro abogados durante diez días, «mientras que del otro modo lo podría haber hecho una persona en una mañana».

Fomento ultima el pago a parte de los afectados de la autovía a Villanubla

El Ministerio de Fomento está ultimando los trámites para pagar una tercera parte de la indemnización que fijó el juez para los 23 afectados por la expropiación de los terrenos para la autovía Valladolid-Villanubla. Según asegura el administrador de la empresa Cleocir, Fernando Guirao, el Ministerio ya ha presentado una lista con los justiprecios pendientes de pago y otra relación con la indemnización, que asciende al 25 por ciento de esos justiprecios más los intereses generados. En este primer pago Fomento va a desembolsar 94.725 euros más otros 30.000 de intereses por esa ocupación ilegal de los terrenos.


Pero ahí no acaba el proceso, porque hay cerca de doce afectados que también tendrán que cobrar cerca de cien mil euros a finales de este año y otro grupo que se tendrá que embolsar una cantidad similar el próximo año para completar los cerca de 300.000 euros que impuso el Tribunal Superior de Justicia como indemnización.


Esta cantidad es para las 23 primeras familias que recurrieron, pero cabe recordar que la defensa mantuvo hace varias semanas reuniones con más afectados para intentar que se sumaran. En total son entre 160 y 190, según Guirao. Incluso los ayuntamientos de Valladolid y Villanubla lo estaban, pero ninguno de los dos recurrirá a pesar de que la defensa mantuvo algunas reuniones con responsables del Ayuntamiento de Villanubla.

Al detalle

Enfado de los afectados. Fernando Guirao asegura que, más allá de las sentencias, los afectados por estos procesos están «muy molestos» con la actitud del Ministerio de Fomento, que en ningún caso se ha dirigido a ellos para pedirles disculpas por la «usurpación ilegal» de sus terrenos. Guirao también critica las «trabas» que ha puesto Fomento para que a los afectados se les reconozcan sus derechos. «Se trata de una intromisión patrimonial no conforme a derecho que ha dado lugar a un enriquecimiento injusto de la Administración», explica.

Procedimiento urgente. Otra de las quejas de los afectados es el «abuso» que Fomento hace, bajo su punto de vista, de los procedimientos de urgencia para este tipo de expropiaciones. En un procedimiento ordinario no podrían ocupar esos terrenos hasta que no se pague a los afectados, pero al hacer un proceso de expropiación urgente el Ministerio puede disponer de esos terrenos incluso antes de haber abonado el justiprecio fijado por ellos.

La misma jueza. Se da la circunstancia de que la misma jueza que condenó al Ministerio por las expropiaciones para la autovía a Villanubla es la encargada de juzgar el caso de los terrenos del AVE a Burgos, y la que ha determinado que se interponga un recurso por cada finca afectada.

Ejecución de sentencia. La defensa señala que llevará «hasta las últimas consecuencias» la ejecución de la sentencia en el caso de la autovía a Villanubla, lo que implica exigir un certificado de Fomento del reconocimiento de dicha nulidad, otro de que se ha informado a Hacienda de ello y otro certificado de anulación de los contratos de terceras empresas cuyo fin fuera la expropiación de estos terrenos.

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