Todavía queda más de un mes y medio para que se celebren las elecciones catalanas y un día antes de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firme el decreto de convocatoria para dichos comicios -previsto para hoy-, el Gobierno central volvió a mandar un serio mensaje al Ejecutivo regional de cara al 27-S. Así, confió en que «el sentido común de los ciudadanos y de las instituciones» de la Comunidad evitará que se llegue a «una situación de crisis y conflicto» que obligue a aplicar el artículo 155 de la Constitución. De este modo se manifestó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien avisó de que, si tras la cita con las urnas, el Gabinete de Artur Mas adopta decisiones para las que no tiene competencias, como una declaración unilateral de independencia, se recurrirá al Tribunal Constitucional y, en el caso de que incumplieran las decisiones del Alto Tribunal y siguieran adelante, podrían surgir delitos de «desobediencia y prevaricación».

En todo caso, Catalá cuestionó el «apoyo masivo» de los catalanes a la secesión. «No parece que vaya a haber una mayoría a favor de la independencia», manifestó, al tiempo que indicó que las encuestas apuntan a que la lista única no va a tener un respaldo «suficiente para realizar una actuación en este sentido».

En referencia concreta al artículo 155 de la Carta Magna, que contempla un mecanismo de control extremo para casos en los que alguna región incumpla las obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes, el ministro advirtió de que, aunque «está en vigor y podría aplicarse, nunca se ha hecho», por lo que hacer uso de esta norma constituye un escenario «teórico y de máximos».

Para el popular, utilizar dicho apartado supondría llegar a una situación de «conflicto relevante entre Estado y autonomías».

El Gobierno, agregó, trabaja, no obstante, con la hipótesis de que la controversia no alcance este punto máximo y conduzca a «situaciones de crisis indeseables por parte de todos».

Eso sí, alertó de que «si alguien avanza en esa dirección, se encontrará con la barrera del derecho, la paralización y las impugnaciones», pudiendo llegar, finalmente, a un proceso penal.

Ante estas manifestaciones, el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, acusó al PP de «calentar los ánimos» en Cataluña hablando de aplicar el artículo 155, para «sacar una rentabilidad electoral a nivel nacional», porque los conservadores, a su juicio, «ya dan por perdida» esa Comunidad.

El número tres de los socialistas defendió que todos los responsables políticos deben cumplir la ley, pero indicó que no ve «oportuno» hablar ahora de suspender autonomías, «elevando el tono, porque lo están elevando los que quieren romper España y nosotros no podemos hacerles el juego, ya que lo que quieren es eso».

En su opinión, es «de una ingenuidad política supina» pensar que amenazando con usar el 155 «o de sacar los tanques a la calle, dicho entre comillas, se va a calmar eso», porque lo que ocurre es que «se alimenta más».

Entre tanto, recalcó que si el PSOE gana las próximas generales y se encuentra con un presidente catalán que se quiere separar del resto del Estado, no permitirán «la independencia de ninguna región».

Hipótesis irrealizable. Por otro lado, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que la independencia de Cataluña «es una hipótesis irrealizable» y defendió que el «futuro» de la región «siempre ha sido y es mucho más brillante con España que sin ella».

En este sentido, manifestó que los inversores son «racionales» y consideran que la secesión, «como no tiene el más mínimo sentido, no está incorporada a su análisis».

Asimismo, remarcó que «existe una cuestión que es la legalidad, y ésta se va a cumplir». «La independencia de Cataluña sería extremadamente negativa tanto para la población catalana como para el conjunto de España», zanjó.