Las alegaciones de la asociación Cultural Ciudad Sostenible, la Asamblea Ciclista, FACUA-Consumidores en Acción de Castilla y León, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, la asociación vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones, el sindicato CGT Valladolid y Ecologistas en Acción se centran en medidas para mejorar la movilidad urbana, los efectos de la evaluación de impacto de género, la mejora de las propuestas para la integración ferroviaria, la rebaja del suelo urbanizable, la revisión del estudio económico, el suelo urbano y la evaluación del impacto en la salud, entre otros temas.
Las siete asociaciones han criticado que este segundo documento de la revisión del planeamiento urbano, que ha estado en exposición pública durante el mes de diciembre, es «la auténtica revisión del PGOU». En este sentido, lamentan que no haya existido debate público alguno y que el tiempo de estudio se haya limitado a un mes en pleno periodo vacacional de fin de año. En este contexto, estas organizaciones destacan «el ejercicio de responsabilidad social y compromiso con la ciudad que ha supuesto volcarse de lleno en la elaboración de sus alegaciones, demostrando que es posible la elaboración colectiva de propuestas, aunando distintas visiones sobre aspectos concretos de lo urbano y consensuando las ideas que compartimos».
integración ferroviaria. Los colectivos han dedicado diez de sus 46 alegaciones al proyecto de integración ferroviaria. «Aunque finalmente parece que el Plan Rogers desaparece, la revisión del sector de integración ferroviaria asume las condiciones más perversas de la antigua ordenación: la altísima densidad de edificación que se concentra en el escaso suelo que resulta lucrativo, con altísimas torres de viviendas», concluyen. En sus alegaciones aseguran que las condiciones del convenio con el Ministerio y la Consejería de Fomento « a imponer un aprovechamiento con una máxima edificación, con independencia y sin consideración del espacio en que se integra». Además, consideran que los mimbres de la operación estén en el aire y que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y las administraciones que la integran no estén trabajando de manera coordinada. «Nos preocupa que esta actuación esté vinculada al devenir de la revisión del PGOU y que no exista el más mínimo esbozo de cómo se encara la gestión de los suelos liberados y los compromisos adquiridos en el Convenio».
Y entrando a fondo en el proyecto, exigen que los pasos previstos se ajusten a la normativa sobre viario peatonal para «garantizar la seguridad de las personas, con anchuras superiores a los seis metros y evitando diseños en U o Z».
Otra decena de alegaciones se centran en la necesidad de acotar el número de aparcamientos que pueden construirse, transformar en aparcamientos para residentes los de rotación que se encuentran en el casco histórico y eliminar cualquier tipo de aparcamiento en centros educativos o plazas arboladas. También piden al Ayuntamiento reducir «sustancialmente» el suelo urbanizable previsto para que la construcción se centre en el suelo urbano, tanto consolidado como no consolidado, porque les parecen excesivas las previsiones de 49.428 nuevas viviendas.
Enmiendas del PP.
Por su parte, el grupo municipal Popular también ha presentado nuevas alegaciones a la revisión del plan. Además de reiterar las anteriormente formuladas, incluyen propuestas referidas al soterramiento, el Campus de la Justicia, el convento de Santa Catalina, el claustro de las Francesas, el suelo programado para el crecimiento de la ciudad, así como la promoción económica a través del apoyo a la Industria y la Innovación.
Los ‘populares’ siguen reclamando el soterramiento de las vías frente al proyecto de integración. Así, piden que se incluya un capítulo en la Memoria vinculante con información detallada que compare los costes de los proyectos de soterramiento y de túneles y pasarelas para que los vecinos «tengan una información que hasta ahora no se les ha facilitado». También reclaman que se convoque una consulta popular para que los vecinos puedan participar en «la decisión más importante en el futuro del urbanismo de la ciudad». Ante el previsible rechazo de los dos puntos anteriores dan la opción al equipo de Gobierno de que «incluya previsiones e información sobre si el proyecto de soterramiento es factible en un momento posterior tras afrontar los túneles y pasarelas».
El PP también quiere conocer qué uso se va a dar a las «carísimas» adquisiciones municipales, tanto el claustro del patio de las Tabas en las Francesas, como el antiguo convento de Santa Catalina, al tiempo que solicitan que se aclare si al edificio de la Electra se le dará más edificabilidad residencial para viviendas de lujo, tal y como se anunció. En sus alegaciones también proponen que el acceso peatonal al aparcamiento de la Plaza Mayor se lleve a los bajos de alguno de los edificios colindantes, en lugar de hacerse en la parte central de la plaza. Y solicitan que el concejal de Urbanismo certifique que los nuevos accesos para vehículos «son seguros» dada «su estrechez y que no pueden acceder vehículos de emergencias».