El ruido ambiental se considera un agente contaminante que, cuando es continúo y excede determinados parámetros, puede llegar a representar un factor de perturbación en la calidad de vida de las personas. El problema de la contaminación acústica no es nuevo porque España es uno de los países más ruidosos del mundo, pero los vecinos son cada menos tolerantes con este problema y reclaman soluciones a las distintas administraciones públicas.

La presidenta de la Federación de Vecinos Conde Ansúrez, Elvira Yáñez, denuncia que llevan «años» pidiendo una solución para este problema en las zonas de ocio de la ciudad. Una demanda que ahora capitanea la asociación vecinal Calderón de la Barca que apunta que «los bares de la zona de Cantarranas y la calle Macías Picavea no respetan la normativa de la ordenanza municipal sobre ruido y vibraciones. «Se lleva hablando con el Ayuntamiento casi una década de esta situación por no hemos tenido éxito», concreta Yáñez. De hecho, los vecinos se están planteando acudir a la vía judicial, una opción que habían desestimado hasta ahora por considerarla «extrema».

Estos vecinos no son los únicos que se lo han planteado. De hecho, el abogado especialista en temas de ruido, Agustín Bocos, detalla que son muchos los clientes que pasan por su despacho por una situación similar. «Han crecido las quejas por ruido en zonas de ocio y por actuaciones festivas organizadas por el Ayuntamiento con un despliegue de decibelios muy altos», detalla. El perfil del afecto, apunta, son vecinos «que no pueden descansar» y que finalmente deciden acudir a los juzgados. En este sentido, el abogado explica que «responden bien porque la normativa es muy estricta».

La ordenanza municipal sobre ruido y vibraciones estipula que las sanciones previstas en el caso de infracciones muy graves por superar los límites permitidos conllevan multas desde 12.001 euros hasta 300.000 euros, además de poder conllevar la revocación de la licencia, la clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones. En el caso de infracciones graves, las multas pueden ir desde los 601 euros hasta 12.000 euros, además de la suspensión de la vigencia de la autorización ambiental o de la autorización de inicio de actividad. En este tipo de infracción también puede aplicarse la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo máximo de dos años. Por último, en el caso de infracciones leves, las multas se fijan hasta 600 euros y en su caso, el precintado temporal de equipos y máquinas por un período máximo de un año. 

Si el afectado acude a los tribunales, la Justicia también suele conceder compensaciones económicas según los perjuicios ocasionados. «Se indemniza por daños a la salud y moral», detalla Agustín Bocos. En estos casos la cantidad media suele ser unos 2.000 o 3.000 por cada año que haya transcurrido desde que se haya presentado la reclamación. «Si se acreditan daños a la salud la compensación se suele duplicar», aclara.

También hay sentencias que obligan a las administraciones a cambios, como la que ha obligado a un ayuntamiento de la provincia a cambiar modificar la ruta de la recogida de basuras. Otra sentencia reciente, de febrero de este año, es la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1, que falló a favor de una familia que llevaba años denunciando el ruido del reloj de Cogeces de Íscar. El juez ordenó al Ayuntamiento desconectar el reloj y pagar una indemnización de 6.000 euros a los denunciantes, además de condenarlo al pago de costas. Unas sentencias que siguen la línea de la que se dictó en 2011 para obligar al Ayuntamiento de Urueña a «debilitar el sonido» de las campanas de la iglesia hasta los límites que marca la ley.

Saturación. El abogado lamenta que el Ayuntamiento «no tenga técnicos suficientes» para atender las reclamaciones, que según el último informe de la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias del Ayuntamiento fueron 144 entre noviembre del año pasado y el pasado mes de octubre. Muchas de estas se refieren al ruido que provocan las terrazas.

En este sentido, el concejal del grupo municipal Popular, Jesús Enríquez, asegura que el equipo de Gobierno «está haciendo oídos sordos frente al ruido». Enríquez apunta que «van tarde» en la actualización del mapa del ruido y que se «ha abandonado» a los vecinos de las zonas de ocio nocturno, como los de Cantarranas. «No han convocado ninguna comisión monográfica para abordar soluciones», lamenta. 

El exconcejal de Desarrollo Sostenible en la etapa de León de la Riva se muestra muy crítico con «el abandono» del centro municipal de acústica, creado en su etapa, y que apunta fue referencia para homologar el ruido de los neumáticos. «No se pasan inspecciones de maquinaria de obra pública como se hacía antes. Este centro está ahora sin actividad», asegura y matiza que ahora mismo los concejales sufren el ruido de fondo de las obras del cambio de accesos del parking de la Plaza Mayor.

En la enumeración de incumplimientos del equipo de Gobierno, el concejal ‘popular’ incluye que no se ha cumplido con el compromiso de ayudas para insonorizar los bares de conciertos. También apunta en la lista de debes que no se haya ejecutado la red de control del ruido de los locales y que no se haya modificado la ordenanza de terrazas, sobre todo para las instalaciones cubiertas exteriores, que son las que «más problemas generan».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, apunta que se han recibido quejas de vecinos por el ruido de los caminos de basura por la noche. La edil asegura que ha solicitado un informe de recorridos y zonas para estudiar posibles soluciones, pera lamenta «no haberlo recibido todavía».