La acusación pública considera que los hechos son constitutivos de un delito de tentativa de homicidio en el que concurren la eximente incompleta de anomalía psíquica del condenado y la agravante de abuso de superioridad, por lo que solicita cuatro años de privación de libertad--la acusación particular pide cinco--y además, como medida de seguridad, su internamiento psiquiátrico por espacio de ocho años, que el acusador particular eleva a diez, informa Europa Press. Además, las acusaciones pública y particular plantean también la prohibición de aproximarse o comunicar con la víctima por espacio de nueve y diez años, respectivamente, junto con el abono en favor de la víctima, por el mismo orden, de indemnizaciones por importe de 10.600 y 11.336 euros.Frente a ellos, la defensa del procesado tipifica los hechos como un delito de lesiones, con la eximente incompleta de anomalía psíquica, y conforme a ello solicita un fallo absolutorio respecto del delito de tentativa de homicidio.