Ocho meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconociese a la burgalesa Alicia Casado Álvarez el derecho a ser readmitida en la Residencia Río Esgueva de Valladolid, de donde fue expulsada injustamente en 2010, y a ser indemnizada con 5.000 euros (por daños morales), más los gastos derivados de tener que buscar un alojamiento como consecuencia de haber sido expulsada indebidamente de dicho centro deportivo, el mismo Tribunal ha acordado que la Administración la abone la cantidad de 15.600 euros en lugar de los 866,67 fijados en la Orden de 3 de junio de 2014 de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
Todo después de que la atleta, que durante muchos años defendió la camiseta del Club Atletismo Valladolid, recurriese la ejecución de la sentencia que le daba la razón en enero de este mismo año. En esta sentencia se recogía que “tiene derecho a ser indemnizada a razón de 400 euros mensuales desde el día en el que dejó la Residencia “Río Esgueva” de Valladolid como consecuencia de la ejecución de la sanción impuesta hasta su readmisión en los términos expuestos y con arreglo a las bases fijadas en el Fundamento de Derecho Sexto de esta sentencia”.
“La Administración sostiene que es suficiente con el abono de 866, 67 euros (a razón de 400 euros al mes, desde el 26 de abril de 2010 hasta el 30 de junio de 2010), mientras que la parte ejecutante considera que la indemnización debe ser desde el 26 de abril de 2010 hasta el 30 de junio de 2014, lo que hace un total de 15.600 euros, computándose el año académico y no el año natural”, continúa el TSJ de Castilla y León, que finalmente da la razón a la atleta y en ejecución de la sentencia, la Administración debe abonar esos 15.600 euros.
“Cabe contra el mismo recurso de reposición ante esta Sala en el plazo de 5 días a contar desde su notificación”, concluye la sentencia.
El caso de la atleta saltó a la luz pública en mayo de 2010, cuando denunció su «injusta» expulsión de la Residencia Deportiva Río Esgueva, donde residía gracias a una beca deportiva tras un procedimiento abierto contra ella por parte de la Junta de Castilla y León, a instancias de la Federación Regional de Atletismo. Desde entonces, varios años de lucha acabaron con la sentencia de su readmisión e indemnización en enero de este año, y ahora con una nueva sentencia a su favor.