El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, paso previo al inicio de su tramitación parlamentaria en las Cortes. Como principales novedades la norma incluye la regulación de su régimen económico y la creación de una entidad de carácter autonómico, esta última con funciones de coordinación de las 14 corporaciones provinciales y locales que integran la red en la Comunidad y de interlocución con la Administración.

La primera novedad de la normativa autonómica es el régimen económico, puesto que se establece que las cámaras podrán obtener ingresos de distintas fuentes de financiación: por los servicios prestados a las empresas; los productos, rentas o incrementos de su patrimonio; las aportaciones voluntarias de compañías o entidades comerciales; los legados o donativos; las operaciones de crédito que realicen, y los convenios que puedan firmar con instituciones y organismos.

De manera adicional y específica, el proyecto legislativo regula que estas corporaciones contarán con los recursos que les destine la Junta para el ejercicio de sus funciones público-administrativas, en el marco de la política general definida por la consejería competente, conforme a sus disponibilidades presupuestarias.

Estos fondos se canalizarán a través de la futura Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, cuya creación constituye el segundo aspecto más destacado del nuevo texto normativo. Esta entidad, que se constituirá sin perjuicio de la continuidad de las existentes, será la encargada de determinar en su Reglamento de Régimen Interior los criterios para la administración y la obligatoria distribución de los fondos que reciba de la Administración de la Comunidad entre el resto de corporaciones.  

Asimismo, el Proyecto de Ley atribuye a este Consejo autonómico las funciones de representación y coordinación de todas las cámaras provinciales y locales, así como el papel de interlocutor principal en las relaciones con la Administración tutelante –la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta– y con los organismos e instituciones públicas o privadas de Castilla y León. El reto es aprovechar las sinergias y ventajas del trabajo colectivo sin renunciar a la capilaridad de esta red en el territorio y los beneficios derivados de esta singularidad.