El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley que modifica la vigente normativa reguladora del Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por tres tipos de instalaciones con el objetivo de incorporar una cuarta modalidad, las centrales nucleares. El nuevo texto establece una imposición para gravar el daño al entorno derivado del almacenamiento temporal de los residuos radiactivos depositados en las plantas atómicas asentadas en la Comunidad y precisa que la recaudación obtenida se destinará a financiar inversiones en la zona de influencia de la explotación.

Pilar del Olmo explicó que la Junta pretende con ello que los residuos radiactivos permanezcan el menor tiempo posible en la central nuclear de Santa María de Garoña, por ello grava con "4.000 euros cada una de las barras de combustible nuclear gastado, que tiene una elevada vida útil y un riesgo potencial a largo plazo cuyas consecuencias se desconocen". La consejera de Economía y Hacienda recordó que este nuevo gravamen procede de un mandato de las Cortes, que el pasado 6 de septiembre de 2017 instaron al Gobierno autonómico a realizar un estudio para la implantación de este tributo con el compromiso de destinar su posible recaudación a este territorio.

Hasta ahora este tributo autonómico gravaba los daños ocasionados al entorno por las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos y las líneas de alta tensión. El texto aprobado hoy amplía el listado de instalaciones a las plantas nucleares ubicadas en Castilla y León, aunque la única existente es la de Santa María de Garoña, ya parada. En la exposición de motivos, se argumenta que el empleo de energía de ese tipo para producir electricidad conlleva la inevitable generación de residuos, cuyo impacto ambiental se prolonga tras el cese de la explotación.