La presión de la Inspección de Trabajo contra la economía sumergida en Castilla y León ha dado sus frutos al denunciar a 5.616 personas con empleos irregulares el año pasado, lo que permitió recaudar 9,8 millones de euros. Los esfuerzos de los técnicos en el área de Seguridad Social se tradujeron en 27.916 órdenes de servicio, con un resultado de 3.404 infracciones sancionables.

 

Son datos ligeramente superiores a los registrados en 2012 puesto que en ese ejercicio hubo 26.495 órdenes, con 9,1 millones de euros en sanciones. La mayor diferencia está en el número de trabajadores afectados por las infracciones. Pese a que en 2012 hubo un número similar de infracciones (3.566 en 2012 y 3.404 en 2013), los inspectores de Trabajo en Castilla y León denunciaron el año pasado a menos personas (7.011 en 2012 frente a los 5.616 en 2013).

 

Es decir, un descenso del 19,8 por ciento. En cambio, a nivel nacional, el número de infractores apenas varió en esos dos años, al rondar los 105.000, pero el importe de las sanciones propuestas por la Inspección de Trabajo aumentó un 20,9 por ciento hasta los 201,3 millones de euros.

 

Las materias investigadas en este apartado van desde el control del aseguramiento obligatorio de los trabajadores, por cuenta ajena y propia o autónomos, hasta la falta de cotización, pasando por los fraudes en prestaciones de la Seguridad Social. No en vano, la recesión ha traído consigo cada vez más casos de personas que reciben prestaciones públicas (por desempleo o pensión) que son incompatibles con trabajar.

 

La administración es consciente de esta situación y de ahí que hubiera el año pasado en el conjunto de la región casi 1.500 órdenes de servicio más que en 2012 hasta los 27.916 expedientes. El control de trabajadores en situación irregular, al margen de la Seguridad Social, ha supuesto que durante los años de crisis, entre 2008 y 2013, se denunciaran a 36.573 personas en la Comunidad. El dato más positivo es que una vez cursadas las denuncias se logró aflorar 4.448 altas al sistema durante el año pasado. Un número que asciende hasta las 23.165 en todo el periodo de recesión.

 

La principal infracción es no cotizar a la Seguridad Social. La Inspección detectó más de 72.000 trabajadores en esta situación en el conjunto de España a lo largo de 2012, lo que supone un incremento del 70 por ciento desde el inicio de la crisis en 2008. Además, hay que sumar los extranjeros detectados sin permiso para trabajar (161 en la Comunidad y 4.809 en España el año pasado).

 

El último informe disponible de la Inspección de Trabajo, con datos de 2012, recoge que el 77 por ciento del empleo no declarado en el país se concentró en cuatro sectores de actividad: hostelería (30 por ciento), servicios (21,9 por ciento), comercio (13 por ciento) y construcción (12 por ciento). No son de extrañar estos porcentajes porque la hostelería es una actividad de carácter estacional temporal en zonas turísticas, con negocios que aumentan su personal los fines de semana, las celebraciones familiares o de grupos y durante las fiestas.

 

Pero no solo hay fraude a la Seguridad Social sino que la Inspección de Trabajo también detecta las irregularidades existentes en los contratos. En concreto, hubo 9.133 denuncias en la Comunidad a lo largo del año pasado. Es más del doble que las 4.451 infracciones detectadas en 2012 por los inspectores y eso que el número de visitas en el área de relaciones laborales fue prácticamente igual, al rondar las 8.000.

 

Los datos provisionales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, correspondientes a 2013, recogen que los incumplimientos de ley por parte de las empresas (lo más habitual) y de los propios trabajadores supusieron sanciones por un importe de 1,1 millones de euros frente a los 996.000 del ejercicio anterior. Otro aspecto positivo, además de la recaudación que fue a parar a las arcas públicas, fue que de esos 9.133 denunciados, el 30,5 por ciento de esas personas (2.789) acabó con un contrato indefinido.

 

El tipo de actuaciones controladas en el área de Relaciones Laborales se centra en los expedientes de suspensión de contratos por causas económicas; los salarios, recibos y finiquitos; la contratación en fraude de ley; la jornada de trabajo; las horas extraordinarias y los derechos de los representantes de los trabajadores.

 

La cifra de empleados afectados por este tipo de irregularidades en su puesto de trabajo a lo largo de 2013 recuperó el volumen de los años de la crisis, salvo la excepción de 2012 y de 2009 (7.095). El resto de los ejercicios estuvo cerca de las 10.000 infracciones.