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Soterramiento

El alcalde acusa a León de la Riva de avalar «por su cuenta» la deuda municipal del soterramiento

M. Rodríguez - martes, 15 de diciembre de 2015
Óscar Puente asegura que el anterior regidor firmó «sin conocimiento» del Pleno un aval municipal para hacer frente a parte del crédito de 400 millones de la Sociedad Alta Velocidad

La deuda que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad mantiene con los bancos que financiaron el crédito de 400 millones para pagar parte de los trabajos del soterramiento puede afectar finalmente al patrimonio del Ayuntamiento de Valladolid. La sociedad, encargada de la operación y de la que es socio el Ayuntamiento, no tiene dinero para afrontar un primer pago de 125 millones, que debe abonar a estas entidades antes de fin de año, pero el equipo de Gobierno había asegurado en diversas ocasiones que no se haría cargo de la deuda que le pudiera corresponder porque el aval eran los terrenos que se liberarían con la operación.


Un panorama que cambió radicalmente ayer después de que el actual alcalde, Óscar Puente, denunciara que el anterior regidor, Francisco Javier León de la Riva, había firmado «por su cuenta» una carta de compromiso que avalaba con patrimonio municipal parte de esta deuda. Puente aseguró que esta carta «es nula de pleno derecho» porque se firmó, según explicó, sin  el informe previo de la Intervención municipal, la Asesoría Jurídica y la Secretaría General del Ayuntamiento. El alcalde reiteró, además, que León de la Riva no estaba dotado de las competencias necesarias para esa firma, que según detalló hubiera necesitado de un acuerdo plenario y de su aprobación por la Junta de Gobierno.


Este documento, que el actual equipo de Gobierno conoció en octubre y al que ha accedido recientemente a través de la sociedad, porque aseguran que «no existe copia en el Ayuntamiento», supone una «asunción de obligaciones por parte del Ayuntamiento de 101 millones de los 400 de la deuda total de la sociedad».


En este sentido, Puente adelantó que los servicios jurídicos municipales ya están elaborando un informe para confirmar que «es nulo de pleno derecho», con independencia de otras consecuencias. Unas consecuencias en las que no quiso profundizar porque aseguró que prefería ser  prudente, pero que pueden suponer que este aval acabe en los tribunales. «Lo prioritario es defender  el patrimonio municipal», reiteró el regidor.


Puente reconoció que lo último que quiere es «un conflicto» con el anterior alcalde, pero aseguró que si no se consigue que los bancos asuman que el Ayuntamiento no es responsable de ese documento, firmado por De la Riva, acudirá a los tribunales siguiendo el criterio de los servicios jurídicos. «Si los bancos se olvidan de la carta, no tengo interés en remover nada», sentenció.


En este sentido, el alcalde detalló que también hay cartas de conformidad de la Junta y el Ministerio de Fomento, pero advirtió que ambos siguieron los procesos administrativos necesarios para acordar tal decisión. Además, mostró su sorpresa porque el documento firmado por León de la Riva reflejara que contaba con «los acuerdos internos suficientes adoptados a este respecto», aunque en el Ayuntamiento «no hay conocimiento de este compromiso».

Cerrar el Ayuntamiento. El alcalde que realizó este anuncio  en una rueda de prensa, acompañado del concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, y del de Hacienda, Antonio Gato, adelantó que si los bancos logran ejecutar esta carta de compromiso supondría que «habría que cerrar el Ayuntamiento». Así, explicó que asumir ese pago, como socio del 25% de la sociedad, implicaría que el Consistorio pasara de tener un superávit de más de 13 millones de euros a una deuda de más de 85 millones de euros.


En este sentido, replicó al Partido Popular que su propuesta asumir esta deuda gracias al «ahorro neto» de las cuentas municipales es «inasumible» y «carente de todo rigor». «No hay 45 millones de euros como dicen, porque eso son cifras contables. Es inviable la asunción de ese nivel de endeudamiento. Habría que recortar el presupuesto municipal en casi 99 millones de euros», concluyó.

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