Iberdrola interpuso ayer una demanda contra Bankia en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid por las pérdidas que sufrió por su participación en la oferta pública de suscripción (OPS) de la entidad financiera en julio del año 2011, tal y como informaron fuentes del grupo energético.

En concreto, la compañía decidió acudir a la OPS de Bankia mediante la suscripción de títulos por valor de casi 70 millones de euros, de los que se tuvo que desprender posteriormente.

Iberdrola reclama ahora una cuantía de 12,4 millones de euros, lo que valora como el equivalente a las pérdidas sufridas en su inversión en la salida al mercado del banco, tras deshacerse de los títulos de la firma financiera a un precio inferior al que fueron adquiridos debido a la evolución bursátil a la baja de la entidad.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tomó la decisión de participar en la salida a Bolsa de Bankia tras analizar la única documentación dispuesta por este banco para ello, el folleto informativo que había sido registrado previamente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En mayo de 2012, la firma que hoy está a cargo de Ignacio Goirigolzarri procedió a reformular sus cuentas, aflorando entonces unas pérdidas de 2.977 millones de euros en 2011, frente a un beneficio anunciado de 309 millones de euros, reflejando así que la situación de la entidad era bien distinta a la que contenía el folleto informativo con el que realizó su salida al mercado nacional.

Posteriormente, se produjo el rescate de la entidad financiera, cuyo principal accionista es el Estado, y se produjo el cambio en su cúpula directiva.

Por tanto, Iberdrola se basó en una representación errónea de la situación económica y financiera de Bankia y, en consecuencia, de los riesgos de su inversión y de sus previsiones de rentabilidad, señalaron las mismas fuentes.

Según adelantaba ayer un periódico digital, Iberdrola, como otros inversores institucionales, ha tomado la decisión de demandar al banco tras la sentencia 23/2016 del Supremo, en la que se pone de manifiesto que «el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales».

El pasado mes de febrero, Mapfre también aseguró que no descartaba reclamar por su inversión realizada en la salida a Bolsa de Bankia en 2011.

Por su parte, Mutua Madrileña cerró la puerta a demandar a la entidad financiera por esta misma razón, pese a que no compartía el criterio del Tribunal Supremo, que apoyaba a los minoritarios, pero defendía que los inversores institucionales tenían otro tipo de información sobre la operación.