Pretenden  evitar repetir el actual modelo de la concesión, "de nefastas consecuencias ambientales".

Estos colectivos, en un comunicado recogido por Europa Press, han señalado que el Ayuntamiento ha atendido parcialmente sus primeras alegaciones y ha ampliado el plazo de exposición del proyecto del centro de tratamiento de residuos pero no admite que se tramite primero el estudio de viabilidad y después y, por separado, el proyecto para la contratación por concesión para garantizar una efectiva participación ciudadana.

"Más tiempo, pero lamentablemente no la lógica exposición separada y sucesiva del Estudio de Viabilidad y del anteproyecto para la construcción y explotación, mediante concesión de obra pública, del centro de tratamiento y eliminación de residuos", han indicado los colectivos, informa Europa Press.

En concreto, el Ayuntamiento ha resuelto las alegaciones presentadas por estos colectivos y ha dado el visto solo a la ampliación por un mes del período de exposición pública conjunta.

De esta forma, el Consistorio ha atendido solo parcialmente las pretensiones de estas asociaciones que consideran preciso un mayor debate ciudadano sobre la necesidad de adjudicar a finales de año, una obra de reforma de 50 millones de euros y un contrato en 15 años por un valor estimado por encima de los 150 millones, que supone la explotación y puesta al día del CTR.

Este debate ahora tendrá más tiempo --hasta el 14 de agosto-- pero sin que sea posible abordar sus fases "en el orden lógico" y respetando lo establecido en la Ley de Contratos del Sector público como habían solicitado.

En concreto, "primero el Estudio de Viabilidad y solo después, una vez se supiera en qué términos quedaba aprobado dicho Estudio, el Anteproyecto para la concesión, garantizándose así una efectiva participación ciudadana", señalan las organizaciones, que no obstante están ya preparando las alegaciones de fondo a estos documentos.

"Se está sometiendo simultáneamente a exposición pública ambos documentos -lo que reduce la transparencia del proceso- cuando está claro que el Estudio de viabilidad puede sufrir modificaciones sustanciales a la vista de las alegaciones, lo que condicionaría la propia redacción del Anteproyecto de concesión", han asegurado.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Además, han añadido que la Ley de Contratos del Sector Público señala que en este Estudio de Viabilidad se deben precisamente "justificar las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de concesión de obra" que sería objeto después del Anteproyecto de concesión.

En esta línea, han asegurado que no comprenden cómo se ha interpretado el artículo 248 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que alude a la redacción del correspondiente anteproyecto una vez esté aprobado el estudio de viabilidad.

A su juicio, "es evidente" que si la exposición pública del Estudio de Viabilidad no se entiende "como un mero trámite" sino como una posibilidad de mejorar y enriquecer el citado estudio a través de una participación efectiva que permitiera confrontar los diferentes modelos alternativos de gestión del CTR, debería haberse contemplado por el Ayuntamiento la posibilidad de la estimación de su solicitud de tramitación previa, "que sin duda va a condicionar directamente la redacción del Anteproyecto".

Las cuatro organizaciones esperan que los vecinos de Valladolid se impliquen en este proceso y se genere el "necesario" debate ciudadano como el celebrado el reciente 27 de junio en una mesa redonda organizada por Ciudad Sostenible con la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, y un miembro de Ecologistas en Acción.

Estas organizaciones han asegurado que el funcionamiento del CTR, del vertedero y de la planta de tratamiento de lixiviados, gestionados todos ellos bajo el modelo de concesión durante 16 años por la UTE FCC-Zarzuela, presenta resultados "muy deficientes".

En concreto, han apuntado a una baja tasa de recuperación de solo el 8,86 por ciento de los residuos tratados, la actual imposibilidad para generar compost y el rechazo en el vertedero del 80 por ciento de la materia tratada, generando problemas de mal olor, dispersión de residuos volados y una alta generación de lixiviados con serios problemas de tratamiento.

"Es imprescindible abordar colectivamente el hecho de que es necesario revertir estos malos resultados no achacables solo a que la planta ha llegado al final de su vida útil técnica sino fruto de años de una gestión privatizada de nefasto resultado", han asegurado, tras lo que han añadido que "Si no, habrá que esperar otros 15 años para intentarlo".