Los disturbios registrados en el barrio de Gràcia tras el desalojo del llamado banco expropiado han tensado la relación del Govern con sus aliados de la CUP, han ensombrecido el primer aniversario de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona y han puesto en el punto de mira a su antecesor, Xavier Trias, por pagar el alquiler del local.
Desde el pasado lunes, cuando se vació la antigua sucursal okupada en 2011, la Ciudad Condal ha sido escenario de disturbios durante tres noches consecutivas, en las que los alborotadores han quemado contenedores, destrozado entidades bancarias y volcado vehículos, mientras los Mossos les repelían con cargas y disparando proyectiles de precisión.
Estos incidentes no solo han deslucido el primer aniversario de la victoria de Colau (BComú) en las elecciones municipales en la capital, sino que, desde ayer, han pasado factura también a su antecesor en la Alcaldía Xavier Trias (CiU), a quien la Fiscalía acusa de un presunto delito de malversación por haber pagado el alquiler de los okupas durante un año a costa del erario público.
Trias respondió a la acusación alegando que decidió sufragar la renta del local al pensar que era la solución «menos mala», no para beneficiar a sus inquilinos, sino porque su equipo puso por delante los intereses generales «para evitar un conflicto grave», como el que, de hecho, está ocurriendo estos últimos días.
A finales de 2014, meses antes de las municipales de mayo pasado, y con los graves incidentes por el desalojo del centro okupado de Can Vies aún en la retina de los barceloneses, Trias acordó pagar 65.000 euros del alquiler anual de 2015 del banco expropiado, para que no se ejecutara la orden de desalojo, que era inminente.
ENCONADO DEBATE. Por otra parte, los disturbios de esta semana han reabierto el debate enconado y recurrente en la Ciudad Condal sobre la violencia de los grupos radicales y la oportunidad de la respuesta policial ante los alborotos, pero también han sacudido la esfera política, tanto en el ámbito de la Generalitat como del Ayuntamiento.
Después de que el pasado fin de semana la CUP abogara por «liberarse» de su acuerdo de estabilidad con Junts pel Sí, los anticapitalistas han escenificado un distanciamiento con el Govern a raíz de la actuación de los Mossos en Gràcia, que creen ha sido «violenta, brutal, descontrolada y, a todas luces, caótica».
El Gobierno catalán, por el contrario, ha cerrado filas en torno a los agentes y, en un momento clave de la legislatura, con la negociación abierta sobre los presupuestos, ha arremetido contra sus socios, a los que han censurado por «amparar» a los violentos.