El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, salió ayer a atajar cualquier sospecha sobre su participación en la operación para hacerse con el Edificio de Soluciones Empresariales, ubicado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), conocido como ‘La Perla Negra’ (el barco de Piratas del Caribe). Su actuación se limitó a «aconsejar» que se escuchase el criterio técnico y ofreció su total colaboración al juez.
Antes de que la bola de nieve se hiciera mayor y se extendiera la sombra de duda, el propio Herrera optó por dar su versión para confirmar todo lo declarado por su delegado en Valladolid ante el juez, descartar cualquier mediación sobre el asunto, y limitar su actuación a una conversación con el consejero de Economía en aquel momento, Tomás Villanueva, para aconsejarle que se siguiera el criterio de los técnicos de Hacienda ante las dudas que existían sobre si pagar un arrendamiento con derecho a compra o adquirir directamente el inmueble; y también respecto al precio del mismo.
Herrera convocó de urgencia ayer a los medidos tras la declaración judicial del delegado territorial vallisoletano, Pablo Trillo Figueroa, en la que daba a entender que el máximo responsable del Ejecutivo conocía los detalles de la adquisición ahora objeto de investigación.
Además, fue un paso más allá y se puso a disposición del juez que instruye la causa para acudir a declarar si así lo pide y aseguró que en el caso de producirse la llamada no se acogería a su condición de aforado. Pero sólo en el juzgado, puesto considera que el PSOE (y lo citó expresamente)está realizando una «burda» utilización política de la información que consigue en la comisión de investigación para filtrarla en precampaña, por lo que declinó comparecer en la Comisión de Investigación de las Cortes.
«Yo no fijé el precio, a mí no me sometieron cinco precios distintos y dije éste. Yo recomendé, aconsejé, dispuse, expresé mi opinión -que de algo sirve- de que, por favor, se escucharan las valoraciones de nuestros técnicos, expertos en estas materias, de la Consejería de Hacienda. A esa valoración me estoy refiriendo, porque fue la que finalmente se hace. Yo no tengo por qué imponer nada, yo me fío de los técnicos. Yo sería un cataplasma y un frívolo si digo no, el precio no es éste, tiene que ser este y ¿usted qué sabe?», enfatizó.
Inquietudes. Lejos de desmarcarse, Herrera ratificó la declaración de Pablo Trillo, aunque matizó algunas de las interpretaciones. Según relató ayer el presidente de la Junta en una convocatoria urgente a los medios de comunicación, la reunión con el delegado territorial de Valladolid se produjo a la vuelta del verano de 2008. En ella, el alto cargo le trasladó sus inquietudes sobre las decisiones que se tenían que adoptar en Gesturcal sobre el alquiler o compra del polémico edificio. «Creo que le confirmé que desconocía los detalles de la operación. Agradecí que me lo trasladara y le pedí que me mantuviera informado», apuntó ayer el presidente tras insistir en que habían pasado ya ocho años de aquel encuentro.
Según su relato, Herrera utilizó la conversación para recabar más datos y dialogar sobre ello «en el seno» de su equipo (sin mencionarlo, con Tomás Villanueva) y en lugar de dar instrucciones aseguró que lo único que dijo fue, «como en el resto de casos», «velar por el interés general y si existen disparidad de criterio, escuchar y tener en cuenta el criterio de los técnicos de la consejería».
Unos meses después, en lugar del alquiler con opción a compra que se planteó inicialmente, el Gesturcal acordó la compra del edificio por 52 millones de euros.
«Reitero que el Consejo de Administración de Gesturcal acertó plenamente en desechar el arrendamiento y optar por la compra, tanto el la fórmula jurídica utilizada como en el precio», enfatizó el presidente.