Las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la asociación que las agrupa, Aecyl-ITV, han presentado demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la rebaja del 20 por ciento de las tarifas del servicio que ha aplicado la Junta. Argumentan que esta medida, que se aplicará el próximo año, pone en «riesgo» la prestación de un servicio público con consecuencias en la seguridad vial, según recoge un comunicado.
En ese sentido, piden al alto tribunal la suspensión cautelar de la orden que el Ejecutivo autonómico publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Las empresas explicaron que la rebaja supone la modificación unilateral de los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio público de ITV. «Esta decisión política muestra un incumplimiento contractual y un ejercicio abusivo y arbitrario de las potestades administrativas, vulnerando de esta manera los derechos y garantías de las entidades que integran Aecyl-ITV», añadió la organización.
Asimismo, señalaron que la modificación unilateral de los contratos es «ilegal» por ser contraria al ordenamiento jurídico, tanto nacional como europeo, y se aplica sin compensar a los contratistas por los daños que esta modificación les supone. También, aseguró que la orden elimina el derecho de actualización de tarifas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), puesto que aseguraron que existe un «derecho reconocido» para adaptar de forma «automática» la tarifa a los precios.
El impacto económico para las concesionarias derivado de la no subida de los precios en tres años y de la reducción de las mismas en un 30 por ciento dibuja no lo puede soportar «ningún modelo económico». «Se estaría poniendo en riesgo la viabilidad económica de las entidades concesionarias, que a su vez emplean a 546 trabajadores en Castilla y León, con el grave perjuicio que ello conllevaría sobre la prestación del servicio y sobre los intereses de los ciudadanos, así como sobre el empleo directo e indirecto que generan los centros de ITV», indicaron.
Respeto. En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Tomás Villanueva, defendió que algo había que hacer ante «tarifas tan caras» ya que no «es normal» lo que se abonaba hasta ahora. No obstante, expresó el respeto a la decisión de las empresas concesionarias y la asociación que las agrupa, Aecyl-ITV, de presentar demandas.
En declaraciones efectuadas en los pasillos del Parlamento autonómico, Villanueva manifestó que llevaban meses hablando con las empresas concesionarias para modificar la concesión ante lo que la Junta entiende que es un desequilibrio en las tarifas, que en su opinión no pueden ser tan elevadas, por lo que la Junta tomó la decisión unilateral de bajarlas.
Sobre el efecto para los ciudadanos, el consejero tranquilizó en el sentido de que las nuevas tarifas están publicadas y son válidas mientras los tribunales no digan lo contrario, y se diera este caso se volvería a la situación anterior. «Había que hacer algo», sostuvo Villanueva, convencido de que se trata de unas tarifas que estimó «excesivas». «Se han dado pasos estudiados desde el punto de vista jurídico», concluyó Tomás Villanueva.