La querella de Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, les acusó ayer de haberse «negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución», al organizar el proceso participativo pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
Por eso el escrito, firmado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y presentado ayer al mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apunta a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer a la autoridad judicial, al considerar «manifiesta» su negativa a cumplir la resolución de la suspensión.
Además de desobediencia, la Fiscalía pide imputarles por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales públicos.
Sobre la presunta desobediencia, insiste en que sabían que la consulta prevista inicialmente y el proceso participativo de después, habían sido suspendidos, y alude a estas declaraciones de Mas: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno».
Así, el escrito aclara que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que «esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos».
También recuerda que fue «una consulta planificada, auspiciada y financiada» por el Ejecutivo regional, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los querellados participaron en su fomento de manera personal y directa.
En cuanto a la posible obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales, la Fiscalía argumenta que los denunciados, con sus decisiones y actuaciones, «han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del territorio nacional».
Sobre la presunta prevaricación administrativa continuada, recuerda que la Generalitat dio «soporte material y personal al proceso de participación» y, en concreto, contrató servicios a la empresa de buzoneo Unipost para hacer llegar una carta a los catalanes animándolos a participar.
COLEGIOS. También adoptaron decisiones para proceder a la apertura de locales tanto en colegios públicos como sedes del Ejecutivo autonómico en el extranjero y mantuvieron abierta la web sobre información para votar, recuerda la Fiscalía, que cree que las decisiones adoptadas por el Govern a partir del 4 de noviembre «confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho».
«Solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional», añade el órgano judicial.