Las Cortes de Castilla y León debatieron sobre corrupción y regeneración política. Otra vez. Y se aprobó una batería de propuestas. 35, concretamente. Las del Partido Popular. Pero la falta de respaldo del resto de grupos parlamentarios hace que las medidas queden en una recopilación de buenas intenciones, pues para avanzar en los aspectos más trascendentales (limitación de mandatos, número de procuradores...) son necesarias mayorías cualificadas que requieren el voto favorable del PSOE. La mano tendida al consenso que dejó el portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, junto a la abstención socialista, dejan la puerta abierta a una senda de trabajo cuyos resultados no se verán antes de las elecciones de mayo.
A pesar de la gran coincidencia dentro de las propuestas presentadas por ambos partidos, las dos proposiciones no de ley se debatieron y se votaron de forma independiente, sin siquiera separar los puntos comunes susceptibles de apoyo común.
«No es de fiar». En esta ocasión, el PSOE procuró marcar distancia con los populares, tocados más de cerca por los últimos escándalos de corrupción (léase operación Púnica en León). Y para justificar la abstención que votaron a la propuesta del PP, tanto la portavoz, Ana Redondo, como el viceportavoz David Jurado reiteraron que en esta materia no se fía del Partido Popular. Y como Santo Tomás (que no creía que quien tenía delante fuera Jesús resucitado si no palpaba las llagas), pidieron pruebas para poder ir de la mano en un pacto anticorrupción: que el Partido Popular apoye una comisión de investigación sobre los contratos con las empresas implicadas en el caso Púnica.
Ante esa falta de credibilidad que ofrece el PP al PSOE, el portavoz popular les replicó si eran de fiar los socialistas, que ahora se desdicen de la reforma de la Constitución aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
«Somos los del sí a los consensos útiles para los ciudadanos pero también somos los del no la paripé, a la pantomima, a la incoherencia y a los lavados de caras manchadas por la corrupción», aseguró Ana Redondo.
Entre tanto, el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, se afanaba en recordar las medidas aprobadas a lo largo de la legislatura para avanzar en transparencia de la administración que se completa con su batería de 35 medidas que calificó como «un programa amplio, ambicioso y realista de transparencia».
Yapeló hasta cinco veces al diálogo, al consenso para alcanzar acuerdos. «Es lo que nos piden los ciudadanos», aseguró, al tiempo que recordó la voluntad del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de explorar estas reformas en el último debate sobre el estado de la Comunidad, donde dijo que ante los escándalos que se sucedían «no cabe el inmovilismo».
A la hora de las votaciones, la proposición del PSOE quedó rechazada con los votos del PP, que sacó adelante la suya con la abstención socialista. En ambos casos, los procuradores del grupo mixto (IU y UPL) ni siquiera votaron. «No vamos a ser partícipes de esta falacia del bipartidismo», aseguró el portavoz de IzquierdaUnida, José María González, quien prácticamente calcó sus intervenciones en ambas propuestas para dejar patente que la de uno y otro le parecían lo mismo y que llegan tarde pues él planteó reformas en esta línea ya en 2012.
El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, siguió con atención el pleno desde los escaños reservados para diputados y senadores al fondo del hemiciclo.