A pesar de las continuas advertencias de ETA y su entorno, y de los apoyos crecientes por parte de una sociedad vasca a la que se acusa de no tener memoria, la Justicia prosigue con su lucha implacable contra el terrorismo. Yes que, al parecer, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reconoce que los atentados perpetrados por la banda asesina podrían ir «más allá de los meros delitos de terrorismo», dado que son «delitos de lesa humanidad». También especifica que este tipo de asesinatos no necesariamente han de ser atribuibles a los Estados, sino que pueden cometerlos «organizaciones que nada tienen que ver con éstos».
Con este planteamiento, recogido en un escrito de 12 de mayo y al que en estos días se ha tenido acceso, el Ministerio Público abre la puerta por primera vez a que dirigentes etarras puedan ser juzgados por este tipo de delitos. Eso sí, hay letra pequeña:las causas no deben haber prescrito.
Este nuevo viraje de la Fiscalía se debe a un suceso ocurrido hace ya 36 años;«la persecución, la expulsión forzada y el asesinato selectivo» de Luis María Uriarte Alzaa, exalcalde de Bedia (Vizcaya) ametrallado en 1979. El delito estaba prescrito, pero para intentar su reapertura, se emprendió un camino sin precedentes: el de considerar el asesinato un delito de genocidio o de lesa humanidad.
La estrategia empleada por la defensa legal de uno de sus familiares y, tras su retirada del caso, por la Fundación Luis Portero y por Dignidad y Justicia -encabezada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez-, fue la de obviar la identidad del autor fungible, es decir, ir más allá del autor material de los hechos, y señalar a los terroristas que estaban al frente de ETA desde 1977 hasta 1983, «marcando las líneas políticas y militares de la organización, coordinando la lucha armada y el control de sus miembros legales e ilegales».
Así, la querella presentada por Dignidad y Justicia puso inicialmente en el objetivo a cinco terroristas, ampliados luego a siete. Entre ellos destacan Pakito, en la cárcel, y Josu Ternera, huido de la Justicia desde 2003.
Conviene destacar que los impulsores de la querella sugirieron en un escrito posterior la ampliación de este listado a otros 45 dirigentes de la banda.
Tras una ardua tarea, el Ministerio Público recurre a la sentencia del Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia por la que el líder serbobosnio Dusko Tadic fue condenado a 20 años de prisión por actos de limpieza étnica. Siempre, recuerda esta sentencia, «que el crimen pertenezca a una cadena o reiteración de crímenes, o que forme parte o sea el resultado de una acción, plan o política concertada».
Alojamiento. Por otra parte, la Audiencia Nacional juzgará hoy a dos presuntos etarras para los que la Fiscalía pide una pena de ocho años de cárcel por integrar el comando Urederra de ETA en 2007, al que facilitaban alojamiento y ayudaban en labores de traslado de explosivos.
Al parecer, viajaban en vehículos lanzadera cuya misión era la de alertar de la presencia policial o de cualquier incidencia que pudiera hacer fracasar los desplazamientos de los criminales. Uno de los encargos que recibieron fue apoyar a los asesinos en un atentado contra un gendarme francés. Al final, la operación fracasó, si bien se les acusa también del intento.
Pero hay otro frente. La Audiencia Nacional juzgará, a partir del próximo jueves, a nueve miembros de la asociación juvenil Ernai, sucesora de actividades de SEGI, por un delito de enaltecimiento del terrorismo que habrían cometido al participar, en marzo de 2013, en una manifestación en la que se rindió tributo al exjefe político de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry.