La Comisión que investigaba si hubo irregularidades en la concesión de autorizaciones de los parques eólicos en Castilla y León tuvo «un panorama de restricción» de la actividad que da como resultado «una perturbación en la ejecución natural de sus tareas». Así lo ratificó ayer el Tribunal Constitucional que estimó el recurso de amparo promovido por los procuradores del PSOE de Castilla y León, José Francisco Martín y Javier Izquierdo -antes de pasar a formar parte del Ministerio de Fomento-, contra la paralización de las actividades de la comisión de investigación de las eólicas en las Cortes. De esta forma, el Alto Tribunal da la razón al Partido Socialista y defiende que se «paralizó, perturbó y dilató» en su finalidad. Así, la sentencia declara la nulidad del acuerdo de la Mesa y ordena «retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resolución para que este órgano dicte un nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada que sea respetuosa con el derecho de participación política».
Con esta sentencia se da respuesta al recurso de amparo presentado por los procuradores socialistas que denunciaron la «paralización o perturbación» objetiva de los trabajos de la comisión de investigación tras la constitución y composición de la comisión el 22 de octubre de 2015; la aprobación de la relación de comparecientes unos meses más tarde; en 2018 seguía sin determinarse un calendario para la celebración de las correspondientes sesiones de declaración de los comparecientes. Ante estos datos, el Constitucional entiende que el discurrir de los trabajos de la comisión se ha traducido en una dinámica que «paraliza, perturba, obstruye o cuando menos dilata y demora su finalidad» y, de esta manera, se «restringe» el ejercicio del cargo por parte de los procuradores que integran la comisión.
Tras conocerse la sentencia, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, acusó al PP de «vulnerar la Constitución Española» para «tapar su corrupción». Para este, la sentencia llega en un momento en el que es posible entender «mejor aún» qué era «lo que el PP tenía que ocultar», y recordó que los socialistas llevan tiempo denunciando «la corrupción del régimen del PP durante 30 años». Igualmente, se preguntó si ni el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ni el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tienen previsto manifestarse después de que en «unos meses» se haya condenado al vicepresidente de Castilla y León en la trama Gürtel, se haya imputado a la excúpula de la Consejería de Economía y el TC haya condenado por vulnerar la Constitución, según informa Ical.
Convocar la comisión.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la comisión, Juan José Sanz Vitorio, afirmó que las sentencias se respetan y se cumplen y añadió que no tienen inconveniente en volver a convocar a la comisión eólica. Además, rechazó que estuviera bloqueada y se mantuvo en el argumento de esperar a la existencia de una resolución judicial. «No se ha entorpecido, no se puso fecha», indicó en relación a que no se haya citado a los comparecientes, si bien opinó que, aunque tengan que convocar la comisión, a lo que no se oponen ni se han opuesto, en la práctica «no va a suponer grandes cambios» en relación a la votación de comparecientes, cuya ampliación rechaza el PP.
Desde Podemos, su portavoz Pablo Fernández calificó de «muy grave» que el PP haya conculcado la Constitución para «ocultar su corrupción» y definió a los ‘populares’ como un «parásito que ha patrimonializado las instituciones en beneficio propio y como un cortijo para ocultar su corrupción». «Es lamentable e impresentable», remachó.
Por último, el portavoz de Ciudadanos en la comisión eólica, José Ignacio Delgado, pidió al Grupo Popular que sea «ágil» en acatar el fallo para desbloquear la misma. Delgado se «alegró» de que se acepte el recurso para que la comisión siga los trabajos. «Hay mucho que decir, pedimos que sea lo más diligente posible, aunque sea tarde», aseveró.