El librillo de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil de Valladolid habla de la necesidad de una mejora de la coordinación tanto desde un punto de vista interno, como hacia el exterior, con la creación de una figura inexistente como es la del coordinador de servicios y con la integración en la sala conjunta 091-092 (Policía-Policía Local) de Valladolid; así como de la mejora del día a día de los agentes con una adecuada dotación de material de autoprotección, adquiriendo chalecos antibalas; y la formación del personal encargado de atender los casos de violencia de género.

En lo que no coinciden todas las organizaciones -en la Guardia Civil no están reconocidos los sindicatos profesionales- es en si compensa aumentar el número de patrullas en la calle, a costa de reducir los horarios de atención al público y de recogida de denuncias en la mitad de los cuarteles rurales de la provincia. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), por ejemplo, se muestra a favor de la medida aprobada por el jefe de la Comandancia, el coronel Juan Miguel Recio, mientras que la ASESGC (Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil) se alinea más con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que no tardó ni 24 horas en dar la contraorden para que los cuarteles mantuvieran su horario como hasta ahora y «se buscaran otras fórmulas» para incrementar la presencia en los pueblos.

Cinco las 24 horas. El coronel Recio recibió la orden del general de la Zona XII, Clemente García Barrios, para «aumentar el número de patrullas en la calle» y decidió hacerlo con una reducción del horario de apertura al público de la mitad de los cuarteles, de tal modo que solo los de Medina de Rioseco, Zaratán, Laguna, Peñafiel y Tordesillas -los ‘grandes’- iban a mantener el servicio las 24 horas. Los doce ‘pequeños’ (Mota del Marqués, Boecillo, Quintanilla de Onésimo, Mojados, Piñel de Abajo, Esguevillas, Cogeces del Monte, Fresno, Portillo, Villalón, Mayorga y La Mudarra) iban a pasar desde el día 1 a abrir una mañana a la semana, repartidos por comarcas. Ylos siete ‘medianos’ (Medina del Campo, Olmedo, Íscar, Cabezón, Nava, Castronuño y Tudela) seguirían abriendo de lunes a viernes.

Pero la reacción de Barcones fue tan contundente como fulgurante y deshizo lo dispuesto por Recio: «Hay que buscar alternativas que permitan mantener esa atención al ciudadano al menos durante esos cinco días a la semana, si no es de 9.00 a 14.00 horas, pues con uno más reducido, pero es esencial que el servicio se preste a diario». Para la delegada el futuro no pasa por el cierre de cuarteles, sino por tratar de «reabrir los servicios perdidos en los pueblos los últimos siete años». «Es esencial que los ciudadanos tengan la posibilidad de formular denuncias, informar a los guardias civiles sobre lo que consideren de interés...».

En la misma línea de Barcones, la asociación de suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) también alzó la voz contra la decisión del coronel Recio porque suponía «el cierre prácticamente efectivo de la mitad de los puestos» y que ello, a su entender, «apenas iba a permitir sacar más afectivos a las calles», mientras sí que iba a «obligar a cientos de vecinos a recorrer unas distancias enormes para poder interponer una denuncia».

En cambio, desde AUGC, una asociación especialmente díscola con la Comandancia de Valladolid, sí se respaldaba la medida, «para acabar con una organización del siglo XIX» y se pedía seguir en esa línea, suprimiendo el servicio de vigilancia que hay en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y que «están simplemente ahí para saludar al presidente Herrera cuando entra por las mañanas, cuando es demarcación de Policía Nacional y la vigilancia del edificio la realizan personal de seguridad privada». Además, AUGC está a la espera de conocer la fecha en que se pondrá en marcha la ansiada Unidad de Seguridad Ciudadana: «Ya sabemos fijo que la creación de la Usecic va adelante y que tendrá 20 efectivos, pero no sabemos cuando».

Por su parte, la UGC(Unión de Guardias Civiles) censuró la situación creada y la falta de entendimiento, y llegó a calificar de «órdago» la decisión de Recio de reorganizar el servicio «sin llegar a hablar con la delegada». «Cuando se da una orden y, tras ella, una contraorden lo que se produce es el desorden», defienden.