Uno de los eslabones más débiles de la crisis económica que paralizó el país en los años de la austeridad fue, paradójicamente, el servicio público que mejor parado sale de todas las encuestas ciudadanas de popularidad. La Guardia Civil y la Policía Nacional -las Fuerzas de Seguridad del Estado- vieron menguar sus plantillas en todas las comandancias y comisarías provinciales, sin importar las cifras de criminalidad o cuál era la evolución demográfica de cada territorio. Los recortes presupuestarios afectaban también a la convocatoria de plazas para ambos cuerpos, con lo que la única herramienta para contrarrestar el goteo de jubilaciones eran los traslados. Y no eran los suficientes, con lo que la dotación de personal iba siempre a menos.
En el caso concreto de Valladolid, las Fuerzas de Seguridad venían prácticamente de tocar techo, completándose casi las plantillas en la parte final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de tal modo que en aquellos 2009, 2010 y 2011 el Catálogo de Puestos de Trabajo (el llamado CPT es lo que determina el número de efectivos que corresponde a cada provincia) se situaba, respectivamente, en el 98,6, 97,6 y 98,4 por ciento. Para la Guardia Civil, el cenit se alcanzó en 2009, con 803 agentes, una cifra que incluso superaba lo establecido en su CPT: 770. La Policía, por su parte, consiguió su mejor cuota al cierre de 2011, con 873 efectivos para un catálogo de 889.
Pero a partir de ahí empezó el declive, arrastrados por la marea de la crisis. La Comandancia tuvo que capear el temporal con años en los que apenas contaba con 700 agentes (706 había en 2015, según datos del Ministerio del Interior recabados por este periódico, lo que dejaba su CPT en el 91%), igual que una Comisaría Provincial de Valladolid que ha tocado fondo, precisamente, a lo largo de este año, con una plantilla formada por apenas 741 efectivos (el 83%), tras jubilarse once agentes y pedir su traslado de la ciudad otros ocho, mientras que habrían llegado solo catorce.
Una cifra que, por otra parte, tampoco se correspondería con la realidad de la capital, ya que, en esos 741 constan también los 111 antidisturbios encuadrados en la VII Unidad de Intervención Policial (UIP) y que, «pese a tener su base de operaciones en la Comisaría de Parquesol, dependen de Madrid y tienen movilidad nacional, con lo que apenas prestan servicios en Valladolid», tal como explica José Robles, secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), a El Día de Valladolid.
Los cien antidisturbios. «En todas las cuentas que se hacen del número de efectivos habría que restar a todos los componentes de la Unidad de Intervención Policial que si bien constan en el catálogo de Valladolid, la realidad es que son agentes que ejecutan su operativa policial por toda España», insiste el propio Robles, quien lamenta que «desde hace ya unos años, la tasa de reposición de los policías que le corresponden a esta plantilla siempre ha sido negativa».
El último ejemplo es el de este mismo 2018, con ese déficit de cinco anuales, provocados, como ha venido ocurriendo, por el hecho de que el número de jubilaciones y traslados superaba el de llegadas a una plaza «complicada de lograr», tal como detalla el secretario del SUP en referencia a esta capital: «Desde que un policía sale de la Academia hasta que consigue un puesto en Valladolid, hablamos de un peregrinaje por diversas zonas de España que suele durar unos diez años».
La Policía es la que sufre, por lo tanto, un agujero mayor dentro de su plantilla, al arrastrar un déficit del 16%, según los datos de Interior. Actualmente, tendrían que llegar 148 nuevos agentes para poder completar un catálogo de puestos de trabajo en el que también constan los 53 de la Comisaría de Medina del Campo.
Y si a esto se le añaden los 40 efectivos que necesita la Guardia Civil de Valladolid para recuperar el pleno en su catálogo (supone un déficit de solo el 5,2%), la carencia global de efectivos de las Fuerzas de Seguridad se iría hasta los 188; así, faltaría un once por ciento para alcanzar esa cifra de 1.659 policías y guardias civiles que Interior tiene asignados a esta provincia.
Una situación, la de la carencia de medios humanos en ambos cuerpos, que es reconocida por el Ministerio del Interior y a la que se quiere ir poniendo remedio, según explica la delegada del Gobierno en Castilla yLeón, Virginia Barcones, que así se lo ha transmitido a todos los sindicatos policiales, así como a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. «Es absolutamente prioritario devolver a las plantillas de la Guardia Civil y Policía todos los efectivos perdidos desde 2011», tal como sostiene Barcones, quien se muestra «optimista» al respecto, ya que la previsión del Gobierno es que haya «8.000 nuevos agentes» en los próximos años, aunque, tal como recuerda la propia delegada, «eso no supone que se vayan a poder incorporar de inmediato».
La evolución de la plantilla de la Policía Nacional es descendente casi sin excepción desde ese 2011 que marca la propia delegada del Gobierno. Se está muy lejos de las cifras que había al comienzo de la década, cuando se tenían más de ochocientos agentes en plantilla, por mucho que hubiese que restar de ahí los más de cien antidisturbios de la UIP.
En cambio, la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid lleva ya tres años recuperando parte de lo perdido durante aquellos años de crisis, aunque aún se está lejos de los 760 efectivos contabilizados en 2011. «El problema que tenemos en la Guardia Civil de Valladolid no es tanto de falta de efectivos, pues es cierto que estamos al noventa y pico por ciento del catálogo, sino de organización que, en nuestra opinión, deja mucho que desear», apuntan desde AUGC Valladolid (Asociación Unificada de Guardias Civiles).
La delincuencia baja. Pese a a ese déficit del 11% arrastrado en las plantillas de ambos cuerpos de seguridad, lo cierto es que durante esta década se ha conseguido una reducción de la criminalidad del 17% en toda la provincia, al pasar de las 19.816 infracciones penales acumuladas durante 2011 a las 16.434 con que se cerró 2017, a la espera de lo que ocurra en un 2018 que en el primer semestre (último dato hecho público por Interior) acumuló 8.274 infracciones, lo que sitúa a Valladolid en un escenario similar al del año anterior.
El análisis de la evolución de la delincuencia durante esta década sí ofrece un repunte en 2012 para, después, empezar ya a acumular descensos, a un ritmo de unos mil delitos anuales. Hasta 2017, cuando, precisamente, volvió a registrarse un ligero repunte que también se ha producido en el primer semestre de este año (aunque solo del 0,9%).
Destaca la caída a la mitad de los robos con violencia (pasan de los 271 de 2011 a los 138 de 2017), del 42% en las sustracciones de coches (de 220 a127) y del 27 por ciento en los hurtos (de 7.354 a 5.356). En cambio, suben (un 48%) los casos de robos en domicilios, que pasan de los 424 asaltos registrados en 2011 a los 631 del último año.
Interior solo distingue desde 2013 los niveles de delincuencia de la capital y la provincia. En estos cinco años, el comportamiento de la criminalidad ha sido bastante mejor en la capital vallisoletana, donde se ha anotado una caída del 25% en las infracciones penales (se ha pasado de 12.300 a 9.183), que en la provincia, donde el descenso fue solo del ocho por ciento (de 7.892 casos en 2013 a los 7.251 que hubo al cierre del pasado año).
El déficit de agentes de ambos cuerpos de seguridad acumulado durante esta década en Valladolid, coincide con un descenso de la población de la provincia en casi 14.000 habitantes desde 2011.
y menos habitantes. Más allá de esa reducción del 2,5 por ciento en la población durante esta década, el meollo está en el trasvase que se ha registrado entre la capital y el alfoz, donde unos diez mil vecinos pusieron rumbo a Arroyo, Laguna, Zaratán..., sin que el Ministerio del Interior efectuase ningún movimiento para ampliar el catálogo de efectivos de la Guardia Civil, ‘damnificada’ por ese incremento poblacional de su territorio.
Tampoco del CPT de la Policía, que vio cómo desde 2007 ha tenido que asumir más servicios vinculados a la llegada de las Cortes a la capital y el AVE.