El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han pedido el cese "inmediato" del jefe de la VII Unidad de Intervención Policial en Castilla y León, con sede en Valladolid, Luis Miguel Romera, por vulneración de derechos, persecución sindical y "conductas de otros tiempos" que crean un ambiente de crispación en la unidad.

  Los sindicatos, después de más de un año sin que se haya resuelto la situación a pesar del compromiso para ello por parte de la Jefatura Superior de Castilla y León y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, han denunciado públicamente lo que consideran "una grave vulneración de derechos a los funcionarios que integran dicha unidad y una persecución a los representantes sindicales de la misma".

  Por ello, sin descartar el inicio de movilizaciones y tras poner en manos de sus gabinetes jurídicos la situación ante la sospecha de que haya indicios de infracción penal con esta forma de actuar, han solicitado el "cese inmediato" de su superior.

  Los sindicatos, en un comunicado recogido por Europa Press, han explicado que estos graves hechos se traducen en la denegación sistemática de los asuntos propios que solicitan los funcionarios pertenecientes a esta Unidad (integrada por 105 personas), lo que motiva con el desconocimiento de las previsiones futuras, si bien unos días antes de la fecha solicitada, se podrán conceder.

  Además, han asegurado que este mando ha llegado a denegar permisos, por escrito, con manifestaciones como que "la argumentación para pedir un permiso obedece a una mentalidad de funcionario" y otras "lindeces" muy parecidas que han hecho que estos sindicatos se pregunten "qué mentalidad tiene un funcionario que solicita un derecho que le asiste".

  De la misma forma, plantean si es posible que este responsable policial incumpla lo que dice la ley "o es tal su incompetencia, que desconoce la misma", ya que este mismo jefe es el que impide a un funcionario que realice una prueba médica de alta importancia y alude que "prima el servicio sobre el derecho a la salud del funcionario".

  SUP y CEP también han censurado cuestiones como la apertura de expediente disciplinario al delegado del primero de estos sindicatos, la falta de transparencia en asignación de servicios, falta de comunicación y "desprecio" continuado hacia los delegados sindicales.

  Entre otras cuestiones, han criticado actuaciones como la instauración de normas "absurdas", del tipo de prohibir que los funcionarios puedan acceder a la secretaría, salvo de 14.30 a 15.00 horas, que no puedan registrar escritos, salvo en las horas indicadas, o que para hablar con el superior tengan que realizar una minuta solicitando audiencia.

  "Estas conductas de la superioridad, propias de otros tiempos, en blanco y negro, hacen que en la citada unidad haya un clima de crispación continuada", han señalado los sindicatos, que han añadido que de esta forma se "imposibilita" cualquier tipo de conciliación profesional y familiar, al asignar los servicios un día antes, a pesar de tenerse la previsión con mucha anterioridad, lo que además genera una "sensación real de vulneración constante" a los derechos sindicales y profesionales, recogidos en Estatuto Básico del Empeado Público.

  Todo ello, han aseverado, se traduce en una "desmotivación grave" de los funcionarios que desarrollan su trabajo en dicha unidad y que "pudiera repercutir en la ciudadanía si no se corrige la situación".

  A pesar de que hace un año se llegó al compromiso de que se iba a solucionar este problema, en la actualidad se puede comprobar que "han faltado a su palabra y que lejos de que la situación mejore, ha ido empeorando, hasta el punto de denunciar públicamente lo que acontece en la unidad a día de hoy", han señalado los sindicatos, que cuentan con un 92 por ciento de afiliación.

  De esta forma, piden su cese ante la "incompetencia manifiesta" que ha demostrado en la gestión operativa y de recursos humanos en la citada unidad, "por el mal clima que ha generado", la "desmotivación instaurada en los funcionarios que estan a su cargo", así como la "continua vulneración" de derechos y el ataque directo a los representantes sindicales, en forma de expedientes disciplinarios.

  Asimismo, han insistido en que han puesto en manos del gabinete jurídico todas aquellas acciones que pudieran tener repercusión jurídica y han añadido que se "reservan" el derecho de tomar las medidas reivindicativas que estimen oportunas a partir de este momento.