El alcalde de Valladolid apuesta por la solución «más razonable» de las tres que se plantean los socios de Valladolid Alta Velocidad (VAV) para salvar el soterramiento. Un anunció que realizó tras la reunión de trabajo de la sociedad VAV -Ministerio de Fomento, Junta y Ayuntamiento- y que, según explicó, se basa en el plan de viabilidad, que se está redactando,  y que ha reducido de 12 a tres las posibilidades en estudio.

El planteamiento que defiende Óscar Puente sería trocear en dos el proyecto original del Plan Rogers, de cinco kilómetros de túnel soterrado, para ejecutarlo mediante la técnica de los muros pantalla, y dejar la estación Valladolid Campo-Grande en superficie. Los túneles comenzarían, por el norte, a la altura de la calle Labradores para llegar hasta el apeadero de la Universidad. Un trazado que «liberaría la barrera de prácticamente toda la zona noreste de la ciudad», explicó Puente. En la zona sur, se empezaría «más allá del Arco de Ladrillo y finalizaría en Covaresa». El alcalde cuantificó esta obra en 200 millones de euros, aunque el edil de Urbanismo, Manuel Saravia, apuntó que la previsión se mueve entre los 110 y los 180 millones de euros, más la adecuación de la estación, que podría oscilar entre 40 y 60 millones de euros, según informa Europa Press.

Frente a esta opción «intermedia», también se plantea la posibilidad de mantener tal cual el Plan Rogers, que ya tienen el planeamiento urbanístico aprobado. Puente estimó su coste en 650 millones, a los que recordó que habría que sumar los 404 del crédito que tiene pendiente de devolver la sociedad VAV. «Serían unos costes brutales», advirtió el alcalde. Una cifra que también difiere de la que ofreció el concejal de Urbanismo, que lo fijó en 400 millones «más los 140 que faltarían para concluir las obras de la variante de mercancías».

 La tercera posibilidad sería la decisión de «no hacer el soterramiento y abordar algunas operaciones de integración y permeabilización de la vía con un coste muy bajo», advirtió el regidor. En este sentido, Saravia recalcó que el equipo de Gobierno no renuncia a ejecutar el soterramiento porque entiende que «es una demanda ciudadana», pero justifica recoger esta opción de no hacerlo «e incluso la disolución de la sociedad» para «poner sobre la mesa todos los datos».

El plan de viabilidad deberá estar listo antes del 30 de septiembre, cuando termina la moratoria que los bancos han dado a la sociedad VAV para devolver la primera letra del crédito de 400 millones. Este plan será fundamental para renogociar las condiciones del nuevo crédito, pero también para que una vez definidos por completo los escenarios y sus costes, se pueda realizar la consulta ciudadana prometida por el Ayuntamiento. «En función del resultado de esa consulta,  se firmará un nuevo convenio para definir la responsabilidad de los socios en la financiación del soterramiento y la devolución de lo que ya se debe a los bancos», recordó Puente. Aunque también dependerá de la nueva tasación del suelo liberado, que se encargará en mayo, y contemplará «todos los escenarios posibles», puesto que los suelos no tendrán el mismo valor si se opta por soterrar al completo las vías o por actuar sólo en una parte, advirtió.

Convocatoria comisión. Por su parte, el Grupo Popular pidió ayer la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del ferrocarril ante estas novedad. El PP entiende que la opción que defiende el alcalde «dejaría a barrio enteros, como Las Delicias, con el tren sin soterrar».

 Los ‘populares’ recordaron que habían pedido la reunión para tratar el proyecto del barrio de La Pilarica, si bien ahora consideran que «es imprescindible esa reunión con carácter urgente y extraordinario». «No nos queda claro si hay tres o más opciones y tampoco nos queda claro si hay una posición única», al referirse a las posturas del alcalde y el edil de Urbanismo, Manuel Saravia.